La Junta vuelve a negar la destrucción de informes de los ERE que mantiene el PP

  • El Gobierno andaluz acusa a los populares de estar en una "campaña de difamación continua" · Carmona considera que si Griñán no sabía nada debería abrir una investigación y destituir a quienes participaron

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El Gobierno andaluz y el PP siguen atrapados desde el martes en un especie de bucle sobre si hubo destrucción o no de documentos de los ERE el fin de semana del 21 de noviembre de 2010. La insistencia del PP en que fue así y situar ayer de nuevo al consejero de Empleo, Manuel Recio, en la consejería en esa fecha para eliminar el rastro de documentos supuestamente comprometidos y reelaborar otros, fue otra vez desmentido por el Ejecutivo autonómico. Y no ya sólo vía comunicado, sino que fue la propia consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, quien quiso dejar claro que nunca tuvo lugar esa operación, pero en caso de que hubiera sido así, retó al PP a que lo llevara ante la juez que instruye el caso, toda vez que este partido está personado como parte acusadora.

La judicialización de la vida política es algo a lo que el Gobierno andaluz dice ser reacio, pero no está dispuesto a que a los populares les salga gratis su último ataque relacionado con el escándalo de los ERE: colocar a José Antonio Griñán como la persona que dio "órdenes directas" para esa destrucción de documentos para tapar la trama de ayudas irregulares. Ante esta acusación contra Griñán, acudirá a los tribunales y, aunque todavía sigue estudiando por qué figura delictiva se formalizará, lo que sí tiene claro es que al que se sentará en el banquillo es al secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que fue quien puso al presidente andaluz al frente de ese supuesto borrado de pistas.

Con esta medida judicial, la Junta lo que quiere es defenderse de la carrera en la que considera que ha entrado el PP a cuentas de este caso y que se basa en "mentir y difamar a diestro y siniestro", y cuyo máximo exponente es Sanz quien, para el Gobierno andaluz, está traspasando todos los "límites". Pero también pretender poner coto a la "instrucción paralela" del PP. Moreno aseguró que no está por hacer un "seguimiento diario" a lo que hace o denuncian los populares, y en especial a Sanz, que consideró que está actuando como una especie de "fiscal general del Estado", pero tampoco está por dejarlo pasar, porque acabará por contaminar la campaña electoral del 25-M y convertirla en una "campaña de difamación continua" .

Lo que tampoco quiere pasar por alto el Gobierno andaluz es la estrategia del PP por enfangar todas las ayudas procedentes de la partida 31L, conocida como fondo de reptiles. Muchas han ido a parar al fin para el que estaban creadas, como en el caso de los prejubilados de Santana, y por ello, Moreno retó a Sanz a explicarles que todo lo que han recibido es "ilegal" y sus prejubilaciones "una chorizada".

En el PP no parece preocupar el que la Junta quiera llevar este asunto a los tribunales y es más, ven una prueba de "nerviosismo". De todas formas, hubo un pequeño cambio de discurso y se rebajó la presión sobre Griñán, porque el coordinador del área económica del PP-A, Rafael Carmona, ya no le situó como quien ordenó destruir informes sino en otro escenario distinto: "si no sabía nada, ¿por qué no abre una investigación?". También dejó caer que si desde el Gobierno andaluz lo sabían y no lo denuncian, serían "cómplices", porque "lo que nadie duda es que hubo una reunión para revisar los expedientes" y sugirió que se debería destituir a todos lo que participaron en unos hechos que, según dijo, "se habla en los pasillos de la Junta".

Carmona aconsejó a la consejera de la Presidencia a que se deje de "excusas y amenazas" de acudir a los tribunales y volvió a la carga para que se dieran respuesta sobre si el consejero Recio y su viceconsejero, Justo Mañas, estaban aquel 21 de noviembre de 2010 en una reunión en la consejería y en la que se revisaron los expedientes.

La contestación llegó de la Consejería de Empleo, que emitió su segundo comunicado en menos de 48 horas para desvincularles de estas acusación "falsa" y defender su actuación, que no fue otra que "poner a disposición de los funcionarios todos los recursos materiales y técnicos para que la investigación se realizase según sus criterios profesionales y sin ocultar ni alterar ninguno de los contenidos de dichos expedientes".

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