El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo del Gobierno andaluz, José Sánchez Maldonado, ha asegurado este jueves que de la documentación que han recibido hasta ahora del sindicato UGT para justificar el uso de los fondos de formación concedidos "no se deduce ningún tipo de delito".

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en el pleno del Parlamento autonómico, Sánchez Maldonado ha señalado que de la documentación presentada por el sindicato, "de la que el Gobierno tiene conocimiento hasta ahora como justificación", no se puede deducir que exista "ninguna comisión", aunque ha indicado que van a seguir con el "procedimiento establecido".

Ha recordado que cuando la Junta conoció los hechos actuó "de forma inmediata y responsable" pidiendo "todas las explicaciones" a UGT, y que se inició un procedimiento de información previa "para clarificar la justificación de las ayudas". Ha añadido que una vez transcurrido el tiempo sin que aportaran toda la documentación que creían "necesaria", se ha procedido a abrir el "pertinente procedimiento de revisión de oficio".

En ese sentido, ha dicho que si de los procedimientos de revisión de oficio se acreditara "cualquier anomalía" no habrá "la menor duda" de que actuarán "en consecuencia, según determinan las leyes administrativas y de la Hacienda Pública andaluza".

Ha indicado que "no hay ninguna complicidad" con el sindicato y que el Gobierno andaluz ha actuado "con total responsabilidad, diligencia y transparencia", ya que está siguiendo el procedimiento "que marca la ley para clarificar los hechos", ya que ahora hay un procedimiento de revisión de oficio con un plazo de tres meses.

El portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha señalado que lo que se está conociendo sobre los sindicatos con los fondos públicos es "un escandalazo que mancha al Gobierno de los pies a la cabeza" porque considera que "están mirando para otro lado". Ha reclamado que la tarea sindical sea "prestigiada porque este fraude la está socavando" y muchos "sindicalistas de base" que representan a trabajadores se están dando de baja. Para los populares, la Junta tiene una doble responsabilidad, por un lado "haberlo consentido" y por otro "no pedir responsabilidades", además de estar "vetando" la comparecencia de los líderes sindicales en el Parlamento.