Con diplomacia, sí. Pero negativa al fin y al cabo. Es la primera vez que la Junta de Andalucía, que viene insistiendo en su absoluta colaboración con la Justicia desde que comenzaron a detectarse Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares aprobados por la consejería de Empleo, le niega públicamente documentación al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Si la juez Mercedes Alaya quiere comprobar la totalidad de las 480 actas referentes a los Consejos de Gobierno de la última década tendrá que aceptar la propuesta efectuada ayer por la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, o esperar que le dé la razón el Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones, dependiente del Tribunal Supremo.

Precisamente, tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer en el Palacio de San Telmo, la consejera de la Presidencia anunció que la Junta no está dispuesta a entregar a la juez de forma "indiscriminada" todas las actas de los últimos diez años. El Gobierno andaluz se acoge al primer epígrafe del Artículo 31 de la Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, que reza: "Los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos", para rechazar la petición de la juez. "Es imposible levantar la reserva con carácter general e indiscriminado", explicó Moreno, después de que los servicios jurídicos gubernamentales estudiaran el asunto. Las actas solicitadas incluirían la información respecto a "las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados".

Para evitar, lo que la Junta cree un conflicto de competencias con el Poder Judicial, Moreno aseguró que se enviará al juzgado en las próximas horas  un "requerimiento de incompetencia" para descartar el envío de las actas y el anuncio de que la Junta entregará "sin límite" los informes y acuerdos adoptados siempre y cuando estén "relacionados con el caso".

La propia consejera de la Presidencia advirtió que en el "improbable" caso de que la juez no acepte esta vía alternativa, el Gobierno andaluz entenderá que "se entra en un conflicto de competencias" y será necesario acudir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones, que se encarga de dirimir las disputas entre administraciones públicas y tribunales españoles. "La remisión de las actas de forma generalizada no es legal, va más allá de lo razonable y atenta contra la potestad y la ley del Gobierno de la Junta", aseguró ayer Moreno, tras apuntar que la petición de Alaya es un caso "inédito en orden constitucional español" y que, en el caso de llegar al Tribunal Supremo, supondría un precedente que podría afectar incluso al Consejo de Ministros. Sin embargo, fuentes jurídicas  consultadas por este medio consideraron ayer a que la decisión de la juez se enmarca dentro de sus atribuciones jurisdiccionales, en el sentido de que si ha solicitado la entrega de las actas desde 2001 la Junta tiene que colaborar con la Justicia, máxime cuando la instructora aclara en el auto que incorporará a la causa sólo la documentación "relevante para la investigación" y devolverá el resto "dado el carácter de la misma".

Respecto a esta decisión de la Junta, el presidente del PP-A, Javier Arenas,  afirmó "que se haga lo que proceda legalmente, en cualquier supuesto, pero que haya una sincera colaboración con la justicia, lo que ha faltado desde el principio, como si los escándalos se pudieran resolver maquillándolos o tapándolos". Unas acusaciones que rechazó la consejera de Presidencia al afirmar que si hubiera intención de "ocultar" no se hubiera ofrecido a la juez una "vía alternativa" y hubiera acudido directamente a los tribunales.

En este sentido, Moreno recordó que el pasado viernes el Ejecutivo autonómico ya depositó en el Juzgado la documentación que se requería en un plazo de 48 horas, en total "más de 150.000 folios localizados, cotejados y diligenciados por funcionarios", mientras que el resto se enviará  en pocos días. "Insisto en que la juez y la Junta estamos montados en el mismo barco y, por lo tanto, no tengo la menor desconfianza hacia el Juzgado", sentenció Moreno, que volvió a descartar que Alaya esté poniendo las bases para realizar una "causa general" al Gobierno andaluz.