3,6%

La Consejería de Justicia y Administración Pública le lanzó un mensaje claro a los sindicatos en la reunión que celebraron esta semana dentro de Mesa General de la Administración: "no hay dinero". Ésta es la versión de los representantes de los trabajadores públicos que asistieron al encuentro. El crecimiento de los presupuestos en el capítulo de gasto de personal para 2009 será el mínimo, frente a las alegrías de años anteriores, concentrándose los principales esfuerzos en los profesionales de Educación, Salud y Justicia.

Para el conjunto de la administración general, que actualmente cuenta con 52.000 empleados, habrá un profundo recorte que se traducirá, básicamente, en una casi inexistente Oferta Pública de Empleo (OPE), con 2.000 plazas de las que sólo un millar serán de acceso libre. El resto, para la promoción interna. Una cantidad insuficiente y que no se recuerda desde mediado de la década de 1990, opinan los sindicatos. "Una apuesta ambiciosa dadas las circunstancias", responde Manuel de la Plata, el Director General de Función Pública de la Junta. El año pasado, previa a la convocatoria electoral, la oferta de empleo alcanzó las 5.510 plazas, soplaban también otros vientos económicos.

Si en los presupuestos de 2008 el Capítulo I, es decir, el dedicado a gasto de personal, subió un 10,2% respecto al año anterior, para 2009 la Consejería de Economía y Hacienda prevé un crecimiento en torno al 4,5%, por debajo del aumento general de los presupuestos, previsto en un 5,6%. Los sindicatos CCOO y CSIF ya han dado el no rotundo a la postura de la Junta, sin descartar llamar a la movilización de los funcionarios. La tercera de las fuerzas con representación en la mesa, UGT, con un discurso menos agresivo, afirma que ni funcionarios ni ciudadanos, "que sufrirán un peor servicio de la administración", deben pagar las consecuencias de la crisis, afirma desde este sindicato Antonio Tirado.

"Hay un claro recorte presupuestario aunque se niegue", enfatiza Alicia Martos, portavoz de CSIF. "Se trata de una cantidad manifiestamente insuficiente para dar cumplimiento y satisfacción a las necesidades de la Administración andaluza", añade.

La Junta mantuvo en la reunión con los sindicatos su compromiso de congelación del sueldo para sus altos cargos, mientras que para el conjunto del personal, tal y como contempló el acuerdo retributivo 2007-2009, se prevé un incremento en la nómina del 3,6%, con un margen de hasta el 3,9 si el IPC interanual supera la primera de las cifras. El pasado septiembre llegó al 4,5%. Manuel de la Plata recuerda que el Gobierno andaluz reserva en sus presupuestos de 2009 hasta diez millones de euros para compensar a los funcionarios en caso de pérdida de poder adquisitivo con el llamado Fondo para la Adecuación Retributiva y otros nueve millones se dedicarán a actuaciones en materia de contratación. El temor de los sindicatos, llega, sin embargo por el nuevo proceso de negociación de las condiciones retributivas que se abre este año, en plenas crisis. "Los funcionarios no deben perder poder adquisitivo", reconoció el director general de Función Pública.

Más difícil lo tendrán, sin embargo, aquellos que aspiren a incorporarse en 2009 a la Administración General de la Junta, ya que la oferta de empleo público para acceso libre en administración general apenas alcanzará el millar de plazas. La Junta continúa sin dar una cifra exacta pero se esfuerza en dar un mensaje tranquilizador. "Ni la educación, ni la justicia ni la salud se verán afectadas, convocaremos tantas plazas como sean necesarias porque lo consideramos ámbitos prioritarios", enfatiza De la Plata.

Los sindicatos denuncian sin embargo que ésta es la oferta autonómica de empleo más raquítica desde mediados de la década de 1990, además la nueva convocatoria se adscribe ya al año 2009, por lo que deducen que desaparece la anunciada para 2008. De la Plata niega en rotundo esto, y simplemente lo achaca a un cambio de nomenclatura, de OPE 2008 a OPE 2009 "porque no tenía sentido hacer convocatorias referentes al año anterior".

Las cifras indicadas por Justicia y Administración Pública implican que sólo se cubra tres de cada diez plazas que quedan libres por jubilaciones, una decisión que achacan a las órdenes dadas desde el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado. "La situación es directamente ridícula, se destruye empleo en tiempo de crisis. Vivimos en un mundo caótico donde los estados nacionalizan bancos y, al mismo tiempo, se privatiza los servicios públicos", dice Felipe Falcó, de CCOO. El CSIF añade que la Junta fomenta con esta decisión una vez más la externalización de los servicios públicos.

Ante esta denuncia, una de las primeras decisiones que ha adoptado la consejera de Jusitica, Evangelina Naranjo, es la creación de una mesa conformada por la administración y los sindicatos que evalúe el grado de externalización de los servicios. "La Junta de Andalucía va a cubrir sus necesidades reforzando aquellos cuerpos que más lo necesitan", sentencia De la Plata.