La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), también ley Wert, fue para la Junta una bestia negra desde el momento en que fue concebida por el Ministerio de Educación. El Ejecutivo andaluz tomó posición en seguida, expresó su animadversión hacia la norma y se significó contra ella en forma de recurso en el Tribunal Constitucional, ocupando así la primera línea de la oposición que generó la Lomce. En su guerra contra una ley que considera nociva para el sistema educativo, el Gobierno autonómico lanzó ayer una ofensiva con sus aliados: las otras autonomías gobernadas por el PSOE o por otros partidos abiertamente enfrentadas a la ley Wert.

"Ha entrado en vía muerta, ha generado un descontento generalizado", diagnosticó ayer la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, que participó en la reunión que el PSOE celebró en Madrid, dirigida por el responsable de Educación, Ciencia y Cultura del equipo de expertos del PSOE, Ángel Gabilondo, con el objetivo de coordinar las iniciativas de sus gobiernos territoriales contra la Lomce. De la Calle se mostró partidaria de un "gran pacto nacional o entre comunidades que permita poner en valor y defender el derecho a la educación, aunque el desarrollo en cada región se adapte a sus particularidades".

De la Calle, que abundó en que la Lomce nació sin consenso, con un rechazo de las comunidades autónomas que engloban a más del 70% de la población educativa, sostuvo que lo que necesita la política educativa de este país es "generar lazos desde la participación que se conviertan en un compromiso universal". La consejera destacó que para lograr un "buen pacto" es necesario un trabajo profundo de entendimiento, comprensión y solidaridad frente a los desacuerdos que inevitablemente existirán. De la Calle propuso al propio Gabilondo, ex ministro de Educación en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, para liderar es este gran acuerdo de bases.

El PSOE quiere amortiguar "todos los efectos perversos" de la ley Wert. Eso pasa por una moratoria de la Lomce, una reivindicación de las comunidades autónomas cuyos departamentos de Educación despotrican contra la ley. Para conseguir esa congelación de la norma, los socialistas reclaman al ministro Íñigo Méndez de Vigo una moratoria de la Lomce, "que sólo está consiguiendo que se amplíen las diferencias entre regiones y se genere una desigualdad injusta entre el alumnado", denunció De la Calle. El PSOE emplazó al ministro a convocar la Conferencia Sectorial Extraordinaria y de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.

El titular de Educación tiene previsto desvelar el martes en el Congreso de los Diputados sus planes al frente del departamento que ha heredado de José Ignacio Wert, al que varios portavoces de Educación de los grupos de la oposición se refirieron tras su marcha como "el peor ministro de la democracia". Desde que tomó las riendas del ministerio, Méndez de Vigo ha iniciado contactos con las distintas autonomías tras la petición de varias de ellas de paralizar la aplicación de la Lomce.

Es esto, precisamente, lo que impulsa el Ejecutivo andaluz junto a otras comunidades autónomas: "la paralización o retraso de la aplicación de la ley, la corrección de sus errores e incoherencias, la concreción de una financiación que no existía o la necesidad de dialogar cada uno de los pasos que se daban a espaldas de las comunidades autónoma y la comunidad educativa".

Por su parte, Gabilondo puntualizó que el de ayer no era un acto de oposición o de insumisión sino que, siempre dentro de la legalidad, se pide "la inmediata paralización del calendario de aplicación de la Lomce", no la paralización de una ley.