Nueve de cada diez construcciones levantadas en las últimas décadas en suelo no urbanizable acreditarán su situación en virtud de un decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El 10% restante no podrán regularizarse y, si la vía judicial lo permite, se toparán de frente con una bola de demolición. La estimación de viviendas amnistiadas la ofreció ayer la consejera de Obras Pública y Vivienda, Josefina Cuz Villalón, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno andaluz, y constituyó una de las pocas novedades sobre el plan ya anunciado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el Debate sobre el estado de la Comunidad a finales de junio.

La Junta no dispone de un censo oficial de viviendas construidas en suelo no urbanizable, salvo los análisis realizados en los últimos años en la Axarquía malagueña y la comarca almeriense del Almanzora. Así, con la ayuda de fotografías aéreas, la Junta ha calculado a ojo que se podría regularizar la situación de un 10% de las 250.000 viviendas ilegales existentes en la comunidad; otro 80% no se legalizará, pero sí se les reconocerá su situación para que dispongan de servicios básicos (agua, luz,...), y otro 10% quedarán en situación de ilegalidad y de futura demolición, según la consejera.

¿El porqué de estas últimas? Están edificadas en suelo protegido, por lo que no ha prescrito el delito urbanístico; están ubicadas en zonas de riesgo natural, como cauces de los ríos o zonas inundables, o están inmersas aún en procedimientos judiciales.

No obstante, muchas de las viviendas estimadas por la Junta ya están regularizadas en virtud de los planes urbanísticos aprobados por los ayuntamientos y reciben servicios básicos. El decreto sí que proporcionará una herramienta a los ayuntamientos para que validen la situación de estas urbanizaciones. Se distingue entre las viviendas que obtendrán una licencia de ocupación, que obtendrán las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento -tengan o no licencia urbanística- y reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de la construcción, y todas aquellas que se edificaron antes de 1975 si éstas no se encuentran en ruina declarada. Éstas últimas son muy escasas en número, según fuentes de la Junta, que sitúan en las décadas de los 80 y 90 la mayoría de las edificaciones ilegales.

Esta licencia de ocupación posibilita la inscripción de estas viviendas en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de las compañías suminsitradoras.

Luego el 80% de las viviendas obtendrían un reconocimiento o, como jurídicamente se ha denominado, serán asimiladas a fuera de ordenación. Éstas no obtendrán la licencia de ocupación, pero sí se les permitirá el mantenimiento de su estado actual y el acceso a servicios como los de suministro de luz y agua.

Este procedimiento será competencia de los ayuntamientos, que tendrán que decidir a cuáles de las viviendas en su término municipal dan este reconocimiento. Será requisito indispensable que estas construcciones cumplan con las exigencias de habitabilidad y seguridad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento y la inscripción en el Registro de la Propiedad con esas condiciones.

La consejera se esmeró en transmitir que esta norma no persigue una regularización indiscriminada, sino "una respuesta acorde a cada situación". Condescendiente, Cruz Villalón aseguró que este decreto consiste en un "ejercicio de realismo" al reconocer construcciones que se encuentran en una compleja situación: son ilegales pero su delito ha prescrito.

Otros mensajes fueron que con esta legalización se manda una mensaje de borrón y cuenta nueva, que el futuro no será tan complaciente, y que el gasto que se tendrá que asumir para acreditar a estas parcelaciones correrá a cuenta de los propietarios, sin coste para el erario público. la consejera apostilló que las administraciones, especialmente los ayuntamientos, "no pueden asumir los costes de urbanización y dotación de servicios e infraestructuras básicas", de forma que dicho coste de adaptación deberá ser sufragado por particulares.

"Se podrán establecer instrumentos legales o tasas para los propietarios o inquilinos de esas viviendas para que la dotación de servicios básicos y costes de urbanización no se haga a costa de todos los vecinos", apuntó, para añadir que "muchas de estas viviendas, aunque sean ilegales, están pagando el IBI".

Para la consejera, este decreto no es un punto final, sino de reconocimiento, con el que se pretende lanzar el mensaje de que "esto ha sido un fenómeno del pasado, marcado por los delitos urbanísticos. Ahora damos una respuesta de reconocimiento de su existencia, porque no se pueden demoler, ni se pueden legalizar. Esperemos que este fenómeno no se vuelva a generar", concluyó.

Este polémico decreto se une a otras decisiones de la Junta en los últimos meses que abren la mano en ordenación urbanística. En noviembre, en plena campaña electoral, se aprobaron modificaciones en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para "la reactivación del sector inmobiliario y de la construcción".