La Junta y los rectores acuerdan no aplicar la reforma de Wert

  • Las universidades andaluzas se conceden una moratoria hasta 2017 para reflexionar sobre cómo han funcionado los grados tras la aplicación del Plan Bolonia en 2009.

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La Junta de Andalucía, los rectores de las universidades públicas andaluzas y los estudiantes escenificaron este martes en el Palacio de San Telmo su rechazo frontal a la reforma aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes que, como novedad principal, permite a los centros españoles elegir entre continuar con la fórmula actual de los grados de cuatro años complementados con másteres de un año (4+1) o acogerse a la nueva fórmula de grados de tres años con másteres de dos años (3+2). 

Como acuerdo principal se decidió una "moratoria activa" de la reforma del Gobierno hasta 2017 para estudiar con detalle la aplicación del Plan Bolonia, el funcionamiento de los grados según su aplicación actual y la pertinencia o no de realizar cambios en los mismos. Por su parte, la Junta de Andalucía se comprometió a mantener durante todo este tiempo la financiación de los estudios universitarios según la fórmula 4+1. En todo momento, los cambios futuros, en caso de producirse, se realizarán por igual en todo el territorio andaluz, sin que ninguna universidad se acoja a la libertad de elección entre el 4+1 o el 3+2 que concede el Gobierno de España. El distrito andaluz universitario seguirá siendo único y homogéneo. 

La puesta en escena del rechazo a la medida impulsada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert (auténtica bestia negra de los rectores), se realizó en dos escenarios diferentes. Por una parte, se convocó una reunión de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), que fue presidida por el número uno de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y a la que también acudió el presidente de la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes (CARE), Fabricio Saquilán. Por otra parte, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, presentó ante el Consejo de Gobierno de la Junta, que se celebró este martes, un documento en el que se analizaba y criticaba duramente a la reforma universitaria que, según dijo, supondrá un menoscabo de la igualdad de oportunidades en la enseñanza superior. 

Como portavoz de los rectores actuó el presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) y máximo responsable de la Universidad e Cádiz, Eduardo González Mazo, quien se mostró convencido de que el acuerdo alcanzado con la Junta supone "mantener la estabilidad académica del sistema" y, por tanto, evita "generar incertidumbre y confusión" entre los estudiantes y sus familias. Hay que tener en cuenta que la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (conocido como Plan Bolonia) fue hace apenas cinco años, en 2009, y que ahora se quiere reformar otra vez la estructura de los grados. 

El acuerdo, que Eduardo González Mazo calificó como "razonable", conlleva una moratoria hasta el año 2017 en la que se estudiará la aplicación o no del 3+1 que propone el Ejecutivo de Rajoy, algo que está en absoluta sintonía con lo acordado el pasado lunes por la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE), que también apuntó a la necesidad de aplicar dicha moratoria de dos cursos 

González Mazo recordó que, precisamente ahora, se están recibiendo los primeros informes sobre la aplicación de los grados tras la puesta en marcha del Plan Bolonia, por lo que consideró la moratoria como una medida que permitirá "reflexionar, evaluar y mejorar el sistema si fuese necesario". 

González Mazo lanzó al aire una interrogación: "¿Por qué ahora está sobre la mesa esta flexibilidad? No lo entendemos, ni ninguno de los rectores españoles". Aunque no lo dijeron este martes de una manera abierta, en los pasillos los responsables universitarios muestran su convencimiento de que el principal motivo es el económico, ya que la puesta en marcha de la medida supondría un ahorro de entre 700 y 900 millones de euros, según aseguró el pasado lunes el propio el presidente de la CRUE, Manuel López. Según el Gobierno, con opción de carreras 3+2, las familias se ahorrarían unos 150 millones de euros, además de que los estudiantes podrían acceder antes al mercado laboral con una titulación universitaria.

Una reforma "inoportuna, desgraciada y extemporánea"

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, José Sánchez Maldonado, fue este martes muy crítico con la reforma de los grados, que calificó de "inoportuna, desgraciada y extemporánea". Según el político socialista, el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha "una reforma irreflexiva" cuando aún no se sabe muy bien cómo están funcionando los actuales grados según la fórmula 4+1. Sánchez Maldonado dijo que el decreto aprobado en el Consejo de Ministros el pasado viernes es un "ataque frontal" al principio de igualdad de oportunidades y aseguró también que serán las capas más desfavorecidas de la población las que sufrirán sus consecuencias.

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