Magdalena Álvarez comparecerá el día 7 para ampliar "si quiere" su declaración

El auto de Alaya tenía como objeto principal responder a la resolución de la Audiencia de Sevilla que obligó a la magistrada a motivar la imputación de la ex ministra Magdalena Álvarez, a la que la juez ha vuelto a citar el próximo 7 de noviembre para "colmar la exigencia de su derecho de defensa por si quisiera ampliar algún extremo de su declaración", recoge el auto.

La juez, atendiendo el requerimiento de la Audiencia, decidió "reproducir la imputación" que le hizo a la ex consejera el pasado 8 de octubre cuando declaró por primera vez y en la que le atribuyó delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Alaya le atribuyó entonces haber sido "uno de los promotores del procedimiento ilegal" de concesión de las ayudas sociolaborales que se instauró en la Junta entre 2000 y 2011, un procedimiento iniciado "al margen de la ley" con la utilización de las transferencias de financiación. Este sistema, según la magistrada, pretendía "como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención General, que tantos reparos suspensivos había opuesto en expedientes pasados como el de Hijos de Andrés Molina (Hamsa)".

El "uso ilícito" de fondos públicos se llevó a cabo presuntamente con "absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca" e incumpliendo los principios de imparcialidad, transparencia y no discriminación, así como los de publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad. Alaya aseguró que durante su etapa como consejera (entre 1994 y 2004) se tramitaron siete modificaciones presupuestarias para dotar de fondos la partida de las transferencias de financiación -muchas de ellas en base a convenios particulares entre la consejería de Empleo y el IFA para transferir a Hamsa, Jerez Industrial, Santana Motor- importantes sumas de dinero que alcanzaron los 93 millones.

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