Martín Soler destaca que el Tribunal de Cuentas ve "legales" las transferencias

  • Insiste en que las decisiones se tomaban en la Dirección General de Empleo

El ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, considera que la ruta emprendida por la juez Mercedes Alaya va en una dirección distinta a la que señala el acta de liquidación provisional emitida por el Tribunal de Cuentas, que precisa que los ex directores generales de Trabajo son los responsables contables de la aplicación y gestión de los fondos de subvenciones gestionadas por la Junta entre 2001-2009. Para Martín Soler, las transferencias de financiación en las que la investigadora "basa sus indicios" son "absolutamente legales".

El ex consejero calificó de "clarificadora, nítida y rotunda" el acta que se centra en la actuación de los directores generales competentes y que se deriva de una denuncia interpuesta en mayo de 2001 por el que fuera secretario regional del PP en Andalucía y actual delegado del Gobierno, Antonio Sanz, en relación con la existencia de presuntas irregularidades en la aplicación de las ayudas gestionadas por el Gobierno autonómico.

Soler dijo a Europa Press que la resolución emitida por un órgano "que está especializado en la fiscalización y control de la gestión presupuestaria" tiene "mucha importancia" porque "clarifica los niveles de responsabilidad" y "plantea una tesis rotunda y contundente" en la que los consejeros quedarían fuera de responsabilidad. El ex consejero, imputado en el marco de la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el caso de los ERE irregulares, puntualizó así que aunque la resolución "no paraliza ni afecta a la instrucción", sí ofrece una versión "contundente" que "se debería tener en cuenta" a la hora de afrontar "el debate de responsabilidades políticas, si las hubiere" en cuanto a que aporta "luz y claridad".

Martín Soler abundó en la "utilidad evidente" que tiene el acta, por lo que considera que las defensas de cada parte implicadas en la investigación deberán darle "el valor" y "uso oportuno" a esta resolución, que en cualquier caso refleja que "la Consejería de Innovación no tenía ninguna responsabilidad en la gestión de los fondos de los ERE" puesto que éstos "procedían de Empleo".

"Las decisiones se tomaban en la Dirección General de Empleo e IDEA era meramente una ventanilla, una caja pagadora", recalcó el ex titular de Innovación, que se apoya en la resolución para asegurar que la acción de la Agencia de Innovación y Desarrollo era "de mera tesorería, lo que significa que cumplía las órdenes de pago que venían de Empleo". Con esto, Martín Soler hizo hincapié en que la "responsabilidad" de Innovación en este caso es "nula" en cuanto a la toma de decisiones y aprobaciones.

Mientras tanto, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se limitó ayer a reiterar su "respeto absoluto a la Justicia" después de que el Tribunal de Cuentas haya dejado a los ex consejeros andaluces de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán fuera de la responsabilidad contable por las irregularidades en la aplicación y gestión de los fondos de subvenciones gestionadas por la Junta entre 2001 y 2009.

Al ser preguntada por esta decisión en el transcurso de una visita a una cooperativa de Torredelcampo (Jaén), la candidata socialista subrayó que "nunca" habla "de los autos, ni cuando son favorables ni cuando son desfavorables". "Tengo respeto absoluto a la Justicia", zanjó.

El hecho de que Álvarez y Griñán queden al margen de la investigación del Tribunal de Cuentas -que se centra en la actuación de los directores generales competentes- se recoge en el acta de liquidación provisional notificada anteayer y en el este órgano de fiscalización contable, además, pide a los tres ex directores de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera más de 64,2 millones de euros por su responsabilidad contable en el caso de los ERE, concretamente, 46,3 millones de euros para el primero, 14,7 millones para el segundo y 3,2 para el tercero.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, sugirió al conocer el acta del Tribunal de Cuentas que la investigación "debe subir un poco más".

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