Una ONG reprende la intención de la Junta de repatriar a niños

  • Human Rights Watch afirma que la intención de la Administración andaluza de devolver a menores inmigrantes no cuenta con las garantías jurídicas necesarias

Human Rights Watch, organización no gubernamental (ONG) dedicada a defender los Derechos Humanos, censuró ayer que España insista en la repatriación de menores extranjeros no acompañados sin tener en cuenta el amparo que las leyes internacionales ofrece a estos menores. En el documento de 28 páginas titulado Retornos a cualquier precio, la ONG estudia en un capítulo separado la intención manifiesta de Andalucía de devolver con sus familias de origen a los más de 1.200 niños inmigrantes que residen en sus centros de acogida y emite un dictámen adverso contra el deseo de los gestores de la Junta: "en Andalucía no se garantiza que estos procedimientos atiendan el interés superior del menor, ni su integridad y bienestar".

En la investigación que inició a principios de año en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, Human Rights Watch observa que los representantes del Gobierno y la Junta "ni siquiera son capaces de explicarnos cómo determinaban el interés superior y, generalmente, daban por supuesto que la repatriación respondía al interés superior (...), no se informaba a los menores de que se había propuesto o decidido su repatriación ni éstos podían recurrir jurídicamente dichas decisiones (...), tampoco recibían información sobre su derecho a asilo".

La ONG "descubrió" además que la administración andaluza "sólo tiene un conocimiento escaso sobre los menores en su sistema de protección". "El personal que trabaja en los centros de acogida cuenta con valiosos conocimientos sobre la historia del menor que deberían ser considerados (...); sin embargo, la tarea principal encomendada al personal era que tomara nota de la identidad del menor y los contactos familiares. Tampoco sabían a qué menores se había propuesto para ser repatriados". La Junta de Andalucía se ha quejado en numerosas ocasiones de la avalancha de menores extranjeros que "saturan" los recursos de la Administración.

Desde 2003, no ha realizado ninguna repatriación y, en julio del pasado año, Marruecos, de donde proceden el 90% de los menores acogidos en Andalucía, se comprometió a agilizar los trámites de repatriación. Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social, afirmó entonces que 988 expedientes estaban sólo a la espera del visto bueno de las autoridades marroquíes. Sin embargo, nada más se supo de la intención del reino alauí.

Human Rights Watch anota en su informe la queja andaluza sobre la falta de colaboración de Marruecos para intercambiar información sobre el contexto del menor o los de su familia.

Por todo ello, la ONG internacional desacredita la capacidad de la Junta para retornar a los menores inmigrantes que tutela ante el "malentendido" fundamental sobre el principio de interés superior. Las conclusiones de la ONG "concuerdan con las repetidas críticas del Defensor del Pueblo Español y de otras organizaciones no gubernamentales, así como con las sentencias de los tribunales españoles" en contra de las repatriaciones de niños extranjeros, concluye el informe.

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