El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de poner "zancadillas diarias" y de "obstruir" la acción de la juez de Instrucción del juzgado número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, sobre la investigación del caso de las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por el Gobierno andaluz.

El pasado martes la Fiscalía Anticorrupción instó a la juez Alaya a "declinar" su jurisdicción "en el único extremo de no reclamar la entrega de las actas" de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, sustituyendo este requerimiento por el de certificación acreditativa de los acuerdos adoptados expedida por el secretario de dicho órgano de gobierno.

En una entrevista, Sanz ha indicado que la actitud adoptada por la Fiscalía Anticorrupción "de obstrucción de la justicia" coincide con la de la Junta y el PSOE. "Ha existido una falta total de transparencia y colaboración, con lo que nos tememos que la estrategia de la Fiscalía es una estrategia puesta al servicio no de la investigación y sí de intentar controlar la labor de la juez", ha añadido.

En esta línea, se ha preguntado si es normal que se ponga al frente de la investigación de la Fiscalía a un representante "que ha recusado a la juez que lleva el caso". Por ello, ha opinado que si alguien pensó que la entrada de la Fiscalía en este caso era "una garantía, no iba por el camino correcto". A su juicio, lo que hay es "un paso más en la desesperación de los socialistas de intentar controlar a la juez".

Tras asegurar que el PSOE está "muy equivocado al creer que el juzgado es el Parlamento", el dirigente 'popular' ha dicho que "una cosa es que al PP le niegue la investigación y la información y otra distinta es que la Junta pueda salirse con la suya en no darle información a la juez". Por ello, ha señalado que cada día que pasa sin que la juez pueda acceder a las actas de los Consejos de Gobierno "la Junta es más culpable".

Para Sanz, el caso de los ERE va camino de convertirse "en la madre de todas las corrupciones en Andalucía", añadiendo que "no es descartable" que se haya podido haber una financiación ilegal por parte del PSOE-A. "Ya hay puntos que centran responsabilidades dentro del PSOE: las grabaciones que originaron el inicio del caso Mercasevilla o que el dinero de los intrusos haya ido destinado a financiar sedes del PSOE", ha apostillado.

El caso puede afectar a "nueve consejeros"

El número dos del PP andaluz ha destacado que el caso de los ERE puede afectar a nueve consejeros y al Consejo de Gobierno "con Chaves y Griñán a la cabeza". Para Sanz, en una democracia "normal" ambos dirigentes ya tendrían que haber presentado su dimisión a raíz de los hechos ocurridos. "Sólo tienen dos salidas: o se van ya o se van después obligados por los tribunales", ha afirmado.

Sanz se ha mostrado convencido de que el PSOE va a "pagar muy caro" lo sucedido y ha asegurado que Andalucía "no puede perdonar a un gobierno que, por acción u omisión, ha permitido que se haya robado el dinero de los parados". Ha dicho que aún estamos "en el comienzo" de lo que hay y que los intrusos sólo son "la anécdota". Y es que, a su juicio, lo grave está "en el fraude económico y en dónde ha ido todo ese dinero".

"El fraude está en el incremento de las pólizas sin ningún tipo de justificación, en la participación de los intermediarios y brokers y en los sobrecostes en los ERE, entre otros aspectos", ha explicado Sanz, quien ha considerado necesario que se investiguen los ERE 'muertos', es decir, los que ya han sido abonados en su totalidad, lo que supondría investigar el doble de empresas que hasta el momento se ha hecho con los ERE 'vivos'.

Finalmente, el dirigente 'popular' ha indicado que en todo este asunto hay algo "muy grave" que es el hecho de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "haya mentido en el Parlamento". Y es que, según ha señalado, "se ha demostrado que el Consejo de Gobierno no sólo creo el fondo de reptiles, sino que lo llegó a engordar en más de 120 millones de euros".