El Gobierno andaluz reinició ayer la negociación de las leyes locales dándose de bruces con un problema. Ante la asfixia de los ayuntamientos, la oposición no está tanto por discutir de competencias como por reclamar la transferencia de más fondos desde las arcas autonómicas a las municipales. Los 200 millones previstos para este ejercicio no convencen. El PP reclama que se duplique este fondo de nivelación, es decir, los recursos incondicionados, mientras IU se mantiene en que no menos de 600 se deben inyectar a unos ayuntamientos que ya no tienen para pagar las facturas a proveedores ni las nóminas de sus trabajadores, llegándose al extremo de plantear expedientes de regulación de empleo.

La ecuación parece difícil, sobre todo, en un momento en el que las finanzas de la Junta se resienten. De hecho, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, logró arrancar a la Consejería de Economía algunos millones más de los previstos inicialmente. Fue un 25,2%, de 159 millones a 200 millones.

Esta cifra, curiosamente, supera lo que en un principio demandaron los populares: 190 millones. Sin embargo, tras la reunión con Pizarro, a la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, esa cantidad le pareció "ridícula" y, como mínimo, consideró que debía multiplicarse por dos. Para la mejora de la situación financiera de los ayuntamientos en este contexto de crisis, también defendió que debería redactarse un plan de saneamiento, crear un fondo especial para urgencias sociales y que del nuevo plan Proteja se desvíe una cantidad para que estos cubran su gasto corriente. Dado que esta norma se prevé que tenga una vigencia de 30 años, no creyó que los ayuntamientos deban depender sólo de los tributos de la Junta, sino de sus ingresos, es decir, participar de lo que recaude y de lo que recibe del Estado.

Para IU sí existen soluciones para llegar a los 600 millones que plantean para este año, alcanzando el tope de 1.000 millones para 2012 -el Gobierno andaluz prevé esa cantidad para 2014-. Su coordinador regional, Diego Valderas, apuntó que si la Junta es capaz de inyectar 1.000 millones a la banca para que saque a la venta su stock de viviendas a precios más bajos, también podría disponer de ese dinero para los ayuntamientos. En definitiva, más que una cuestión de recursos, es una cuestión de voluntad política por romper un "corsé presupuestario".

Aparte del apartado financiero, existen diferentes posicionamientos en materia de autonomía local que también se esperan limar a lo largo de la negociación que se desarrollará en paralelo a la tramitación parlamentaria -la aprobación de las leyes está prevista para junio-. En lo que sí consiguieron avanzar ayer las partes es en el método. Será el mismo que se usó para el nuevo Estatuto: artículo a artículo, reuniones bilaterales y negociación parlamentaria. Pero ante este reto, no todos tienen el mismo punto de partida. Si IU vio ayer "receptividad" en el Gobierno andaluz, el PP dijo haber asistido a una operación de "marketing" porque éste no tiene más intención más que ratificar dos normas que deberían ser retiradas. Ante estas declaraciones, Pizarro no pudo por menos que mostrar escepticismo sobre la voluntad de acuerdo de los populares.