El Partido Popular quiere que el Gobierno autonómico ofrezca con todo lujo de detalles esa investigación interna sobre los expedientes de regulación de empleo fraudulentos a la que ayer hizo referencia el consejero de Empleo, Manuel Recio. Éste reveló que su departamento -en 2008, antes de que él fuera máximo responsable- realizó indagaciones internas cuando la Agencia Tributaria alertó de las irregularidades en las ayudas concedidas al chófer del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y además admitió que el departamento nunca llegó a reclamar la devolución de tales ayudas.

Aquel año, la Consejería, a cuyo frente estaba Antonio Fernández -imputado por la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso-, abrió una investigación a instancias de la Agencia Tributaria, cuya denuncia encontró eco en los juzgados 1 y 2 de Andújar (Jaén) contra Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero, por no declarar dos subvenciones de 450.000 euros. ¿En qué terminó esa investigación? Recio no lo sabe. El consejero fue más lejos al admitir incluso no saber si Guerrero fue destituido a raíz de esas pesquisas porque entonces él no estaba al frente de Empleo.

Este desconocimiento provocó ayer la indignación del PP andaluz, cuya coordinadora adjunta de la campaña, Patricia Navarro, exigió a Recio "y a todo el Gobierno" andaluz que presenten en sede parlamentaria esa investigación interna "de la que Recio dice no saber cómo ha terminado". Navarro arremetió contra "la incoherencia y las mentiras" de la Junta, donde "mientras Griñán alardea de colaborar desde el principio con la justicia, el consejero de Empleo, epicentro de la corrupción, es el consejero del no sabe no contesta". El jefe del Ejecutivo afirmó ayer en Málaga que su Gabinete será recordado como el que "tomó decisiones" sobre el escándalo de las irregularidades de los ERE, "denunciando, investigando y al mismo tiempo acusando a cualquier culpable, caiga quien caiga".

Los populares ponen en entredicho esa actitud de la que presume el presidente autonómico. Navarro aseguró ayer, mostrando un escrito del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en el que se informaba al letrado de la Junta, que el Gobierno estuvo al tanto de los fraudes en los ERE "desde el primer momento". La política popular se refería a la citación que dicho juzgado cursó el pasado 2 de agosto de 2011 al representante legal de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para "ofrecimiento de acciones y requerimiento".

Y a pesar de esta "prueba evidente", la Junta -hizo hincapié Navarro- "no sólo no emprendió acciones legales, sino que no se ha encontrado ningún expediente en la Consejería en los que se pida la devolución de esa subvención, que al final no había ido a parar a los fines para los que se habían obtenido". La dirigente del PP-A acusó a la Junta de hacer "dejación de sus funciones".

En defensa de Griñán reaccionó ayer su número dos, la consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno, quien aseguró que al presidente Guerrero le habría durado "un minuto" si el escándalo de ERE salta siendo director general. Moreno recordó que el actual presidente de la Junta estaba en el Congreso de los Diputados cuando tuvieron lugar los hechos que se imputan a Guerrero y su chófer. A su juicio, a diferencia de otros gobiernos, la Junta "no ha tapado, no ha defendido y no está intentando que las cosas queden calladas, sino que ha destapado, denunciado e investigado. Eso es lo que distingue la reacción que Griñán ha tenido en este caso".