El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha denunciado que la Junta de Andalucía pagó entre 150 y 200 millones de euros en comisiones "ilegales" y "escandalosas" de los ERE, información que remitirá a la jueza que instruye el caso y por la que pedirá explicaciones en el Parlamento. Sanz ha subrayado en rueda de prensa que las comisiones que pagaba la Junta por las pólizas de los ERE tenían siempre los mismos intermediarios (Vitalia y Uniter) y aseguradoras y se hacían con el mismo procedimiento. El dirigente del PP ha señalado que las comisiones "desorbitadas", "injustificables" y "fuera del mercado" eran de entre el 15 y el 29 por ciento.

Como el PP considera que los fondos de la Junta utilizados para pagar los ERE ascendían a mil millones de euros, Sanz ha calculado que las comisiones podrían ser de entre 150 y 200 millones de euros, y ha señalado que ese dinero estaba vinculado al denominado "fondo de reptiles". Sanz ha señalado que, debido a estas comisiones, ahora se explica por qué en los juzgados la Fiscalía reclamaba a un intruso de los ERE la devolución de los 100.000 euros que cobró y la Junta le pedía 400.000 euros. "Por qué y a quién pagaba la Junta de Andalucía las comisiones", ha preguntado Sanz antes de destacar la "implicación directa" de la administración andaluza en el pago de las comisiones y en el "monumental desfalco" cometido contra los fondos destinados "a los parados".

Después de afirmar que la Junta peca de "falta de transparencia" y además "quiere ocultar la verdad" en este caso, Sanz ha dicho que el pago de las comisiones por las pólizas de los ERE supone "una nueva etapa" en el caso. Por ello, ha insistido en que ya no se puede hablar de que el fraude de los ERE se limita a los nueve millones de euros por intrusos en las pólizas, como ha dicho que defiende el Gobierno andaluz.

Además, Sanz ha asegurado que la Junta fue advertida "desde el primer día" de la ilegalidad y la irregularidad que cometían por aplicar los procedimientos que luego desembocaron en el fraude de los ERE. Así, ha subrayado que el director general Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso, era "un mandado" que cumplía órdenes de sus superiores, entre los que ha incluido a los ex consejeros de Empleo Guillermo Gutiérrez y José Antonio Viera.

Sanz ha indicado que hasta ahora se ha defendido que la Intervención General de la Junta alertó del posible fraude a partir de 2001, aunque ha señalado que existen documentos en los que constata que las advertencias empezaron antes. En este sentido, ha agregado que la intervención delegada de la administración alertó de que contravenía la normativa europea un preacuerdo del 10 de febrero de 1999 entre la Junta y la empresa Hijos de Andrés Molina, que se metió en una caja fuerte de una entidad financiera por un motivo que desconoce. Ese preacuerdo, firmado por parte de la Junta por el fallecido César Braña y el intermediario y ex sindicalista Juan Lanzas, es la primera fórmula para crear el fondo de reptiles, según Sanz, quien ha señalado que el texto preveía prejubilaciones a los 48 años.

Por otra parte, Sanz ha dicho que es "poco creíble" la reclamación de la Junta al Estado de los 1.379 millones de anticipo devengado en 2011 y pendientes de pago por parte de la administración central, una petición que, a su juicio, supone culpar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También ha dicho que la Junta ha retrasado pagos de facturas hasta después de 2013, y ha afirmado que la Cámara de Cuentas es la que ha alertado de los problemas de pagos por parte de la Junta.