El PP no se quedó ayer de brazos cruzados ante el último bandazo del Gobierno central y su modificación normativa por la que recortan las tarifas primadas a la energía solar; un sector que en Andalucía moviliza una inversión de 3.000 millones de euros. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, pidió al PSOE que mañana jueves "se plante" en el Congreso de los Diputados ante el "cambio de reglas del juego" en el sector de las energías renovables, ya que supone una "puñalada por la espalda" al sector y al empleo en Andalucía.

Sanz lamentó que el Senado haya aprobado una enmienda planteada por CiU de derogar el artículo del Real Decreto Ley 6/2009, por el que se crea el mecanismo de Registro de Preasignación para las energías renovables.

Con esta moción se deroga el Registro de Preasignación, creado el pasado mes de mayo, y se modifica lo establecido en el decreto 661/2007 al suprimir la garantía que suponía el hecho de que, una vez alcanzado el 85% del objetivo de potencia (500 megavatios), se otorgaría un plazo mínimo de doce meses para aspirar a la obtención del régimen económico del citado Real Decreto.

La derogación de este artículo supondría una "agresión", ya que pondría en peligro 10.000 empleos y la pérdida de unos 5.000 millones, según Sanz, quien añadió que esta es la prueba de que ni el PSOE andaluz ni el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "pintan nada en Madrid".

El dirigente del PP lamentó que Griñán permita que se le marque un gol a Andalucía "por toda la escuadra", ya que el de las energías renovables es un sector que necesita seguridad a largo plazo.

Dentro del ámbito empresarial, pero pasando de la inicitiva privada a la pública, Sanz insistió en lo que su partido denunció el pasado lunes: la Fiscalía debe intervenir de oficio ante las "gravísimas irregularidades contables, laborales y de contratación", detectadas en la empresa pública Sandetel y sus filiales Citandalucia y Sadesi por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sanz consideró que la actuación de la Fiscalía ya se tenía que haber producido, añadiendo que si estas irregularidades, "que podrían ser delictivas", se hubieran cometido en una Administración gobernada por el PP, "ya habría informes con toda seguridad". Ante esta situación, anunció que su formación ha solicitado una comparecencia urgente del Consejo de Gobierno en la próxima sesión plenaria para que ofrezca las explicaciones pertinentes y consideró necesaria la creación de una comisión permanente en el Parlamento para el seguimiento y control de las empresas públicas.