El PP amplía su ofensiva contra la deuda histórica y la lleva también al Supremo

  • Además del recurso ante el TC, quiere aprovechar la vía contencioso-administrativa · Propone recortar el 25% de altos cargos y la supresión de la vicepresidencia de Chaves, al que ve "pernicioso" para Andalucía

Mientras el Gobierno central y la Junta siguen dando vueltas para casar sus tasaciones sobre las 330 hectáreas en solares con las que acordaron liquidar los 784 millones de la deuda histórica, el PP da un paso más en su ofensiva. De los mítines a los tribunales. Si el pasado domingo en Bormujos (Sevilla), su presidente andaluz, Javier Arenas, anunciaba en presencia del líder nacional, Mariano Rajoy, que este pago en especie acabaría ante el Constitucional, ayer se concretó que en febrero se formalizará el recurso y que también se ampliará la acción judicial a la vía contencioso-administrativa, es decir, el asunto llegará en paralelo al Supremo.

La presentación del recurso de inconstitucionalidad correrá a cargo de 50 diputados populares en el Congreso. Se centrará en la disposición de los Presupuestos Generales del Estado de 2010 que recogen la liquidación y que el PP considera que vulnera el Estatuto de Andalucía. El texto recoge que la deuda deberá ser satisfecha en "asignaciones complementarias" con cargo a los PGE y "con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación". Esas asignaciones para el PP sólo pueden ser en dinero contante y sonante para educación, sanidad y vivienda.

La encargada de pilotar este encargo del PP-A será la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que antepuso a las razones económicas la "dignidad" y los "sentimientos" de los andaluces ante un "supuesto pago". "Es lo mismo que si a un trabajador le deben la nómina y le dicen que le van a pagar con tres sofás", apostilló, insistiendo en que el cobro en metálico es la única garantía de que la deuda histórica cumple su función.

El recurso contencioso-administrativo serán los parlamentarios andaluces quienes lo eleven al Supremo. Algo que también quiere hacer IU, cuyos servicios jurídicos estudian las distintas opciones que tiene, aunque, por el momento, parece descartado el Constitucional al no tener diputados suficientes en la Cámara baja.

La respuesta del PSOE y la Junta a la acción judicial del PP no es más que el mismo reproche que hace siempre: durante los ocho años del PP al frente del Gobierno central, y con Rajoy y Arenas como pesos pesados, no sólo no hicieron nada por zanjarla, sino que incluso la llegaron a negar. Una recriminación que los populares siempre han esquivado, aunque cuando no lo hacen, se escudan en que en aquella etapa, la de la "confrontación", la Junta nunca reivindicó nada por estar más interesada por los andaluces del censo que no se tenían en cuenta en la liquidación del sistema de financiación.

En su primera visita al Parlamento, Sáenz de Santamaría también aprovechó para defender la iniciativa que presentarán en esta Cámara y en el Congreso para promover la austeridad en estos tiempos de crisis. En sintonía con la recomendación del presidente socialista de Castilla-La Mancha, José María Barreda, a Rodríguez Zapatero de que reduzca su gabinete, el PP pedirá un recorte del 25% de los altos cargos de la Administración. Entre los puestos a suprimir, la dirigente popular situó en primera línea la vicepresidencia tercera y el ministerio de Política Territorial que ostenta Manuel Chaves, por ser la cartera más "ineficaz", llegando a ser su titular "pernicioso" para Andalucía, como así ha demostrado con su papel en la negociación de la deuda histórica. Por si fuera poco esa rebaja en cargos públicos, el PP tiene previsto aumentarla hasta el 50% si llega a gobernar en la comunidad.

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