El PP presentará en mayo un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reordenación del sector público empresarial andaluz. La portavoz regional del PP, Rosario Soto, justificó esta medida en que la Junta trata de "huir de la legalidad, los controles y la transparencia". Soto anunció que los servicios jurídicos de su partido están ultimando el recurso contra la Ley de Reordenación del Sector Público Empresarial, sobre la que ya presentó un recurso similar contra el decreto aprobado por el Gobierno andaluz en julio del pasado año.

El anuncio se produce después de que el Consejo de Gobierno aprobara el pasado martes los estatutos de las ocho agencias instrumentales que fusionan una decena de entes y empresas, por la que se suprimirán 114 entes autonómicos y 166 cargos directivos, y conllevará un ahorro anual de 3 millones de euros en concepto salarial. La dirigente del PP lamentó que la reforma del sector público empresarial andaluz se haya terminado haciendo "por la puerta de atrás", y recordó que el primer decreto se aprobó durante las vacaciones de verano y la aprobación de los estatutos de las agencias lo haya hecho en Semana Santa. "El Gobierno socialista persiste en el error. Esta reordenación nace con un recurso bajo el brazo", señaló Soto.

La portavoz popular llamó la atención sobre las "contradicciones" que hay entre los datos aportados por la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, y la titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, respecto al ahorro y la reducción de altos cargos a raíz de la reordenación del sector público empresarial. Soto explicó que Moreno habló de un ahorro de tres millones de euros anuales, mientras que Martínez Aguayo cifró el mismo en 108 millones de euros en tres años. Además, la consejera de la Presidencia se refirió a una reducción de 166 altos cargos y la titular de Hacienda habló de 182. "Al parecer Griñán debió tener algún problema interno y se ha dejado 16 altos cargos por el camino", subrayó Soto, quien señaló que para su partido resulta "ridículo" tanto el ahorro previsto como la reducción de altos cargos a cuenta de esta reordenación.

El coordinador regional de IU, Diego Valderas, por su parte, insistió en la conveniencia de haber creado una sola agencia en vez de ocho y con unos "estatutos que hubieran sido debatidos y participados, pero no lo han sido, sino que se han hecho por decreto".