'Caso ERE'

El PP tiene la "convicción" de que Griñán ordenó destruir documentos de los ERE

  • Sanz pide al consejero de Empleo que diga si recibió "órdenes directas" del presidente y si presenció la eliminación de informes · La Junta anuncia que emprenderá acciones legales contra el dirigente popular

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La escalada de crispación entre el Gobierno andaluz y el PP subió ayer enteros a cuenta del escándalo de los ERE. El PP tiene en el punto de mira desde hace tiempo al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y fue un paso más allá al apuntar que pudo ser quien dio "órdenes directas" para que en la Consejería de Empleo se destruyeran documentos vinculados a este caso y se reelaboraran otros. Aunque sin aportar ninguna prueba, porque lo único que tienen son "sospechas", el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró que su partido tiene la "convicción" de que Griñán esta detrás de esta operación y pidió al titular de este departamento, Manuel Recio, que explicara si es o no así, y si él mismo participó. La reacción del Gobierno fue contundente: emprenderá acciones judiciales contra el dirigente popular por la "gravedad" de unas declaraciones que lesionan de "manera falsa" tanto al presidente como a la propia Junta.

Hasta ahora, el PP no había sido tan directo a la hora de colocar a Griñán como uno de los vértices del escándalo de los ERE. Siempre le ha atribuido algún nivel de intervención, bien como conocedor de lo que pasaba en Empleo, ignorando adrede los informes de la Intervención General de la Junta sobre el modus operandi en este departamento, o bien durante su etapa como consejero de Economía, en la que pudo haber autorizado el traspaso de recursos para nutrir la partida 31-L, la conocida como fondo de reptiles, del que salía el dinero para sufragar esas ayudas fraudulentas. De hecho, el PP encontró eco a sus tesis en dos autos de la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, en los que ya señaló su posible vinculación, pero que la Junta desactivó argumentando que era imposible relación alguna de Griñán por no ser una cuestión de su competencia.

Pero el ataque a Griñán no fue el único que Gobierno andaluz tuvo que salir a repeler ayer. Porque si sobre Griñán el PP dijo tener sospechas, en el caso del consejero de Empleo cree tener más certezas. Sanz sí quiso ser más concreto y directo. Le demandó que aclarara dónde estuvo el domingo 21 de noviembre de 2010, cuando se presupone que se produjo la destrucción de documentos en su Consejería, y si estuvo solo o acompañado de su viceconsejero, Justo Mañas, entre otros cargos de confianza de su departamento, y cuánto tiempo estuvieron trabajando aquel fin de semana. Una batería de preguntas en el aire que de acabar con un sí como respuesta requerirían, según Sanz, la dimisión inmediata de Recio, porque ese intento de ocultar información, trituradora de documentos en mano y con borrado de archivos informáticos de por medio, denota, a su juicio, "actitudes mafiosas".

La única respuesta a sus preguntas, vía comunicado, fue de la Consejería de Empleo, que calificó de "absolutamente falso" que Griñán ordenara y que Recio o el actual director de trabajo, Daniel Rivera, hubieran presenciado u ordenado la destrucción de ningún documento, y se acusó a Sanz de estar instalado en una "estrategia de difamación y falsas acusaciones" para "engañar" a la opinión pública.

El último as en la manga del PP en el día de ayer en relación con el caso de los ERE, y que no fue desmentido, fue un informe redactado por la propia Junta en el que se confirma que la concesión de las ayudas entre los años 2001 y 2009 por el IFA , y luego Agencia IDEA, y la Dirección General de Trabajo -por convenio de colaboración- se hizo sin estar "sustentada sobre ningún tipo de expediente administrativo de solicitud de ayuda". Es decir, el dinero se transferiría a las supuestas empresas en crisis por el procedimiento que en el PP han venido a denominar del "post-it", es decir, de lo que se acordaba en unas reuniones y negociaciones privadas.

Ésta sería la primera conclusión, porque este documento también constata que el dinero comprometido en esas ayudas era superior a lo que la Dirección General de Trabajo como copagadora podía liquidar a los beneficiarios, dando lugar a un déficit de 11,2 millones. Eso, según el PP, es lo que dio pie a la paralización de los pagos a los afectados legales por ERE, y a las consiguientes acampadas de protesta y manifestaciones de prejubilados. La tercera y última conclusión del informe es que era necesario un cambio de manos y que estas ayudas pasaran de Empleo a la Consejería de Innovación (IDEA) por una encomienda de gestión. En esta operación, que tuvo lugar en 2010, está, para el PP, el origen de un tercer fondo de reptiles.

Los populares tienen previsto hacer entrega de este informe a la juez instructora del caso.

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