Las primeras repercusiones del Gobierno de rajoy en la comunidad

El PP cuenta con colocar a alcaldes en las listas andaluzas de marzo

  • Presidencia y Administraciones Públicas ultiman el recurso contra la ley que impide a los regidores ser parlamentarios · Si el recurso llega del presidente, el Constitucional puede dejarla en suspenso hasta el fallo.

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La Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas están ultimando el recurso que interpondrán en breve ante el Tribunal Constitucional para que los alcaldes puedan presentarse a las próximas elecciones andaluzas, que se celebrarán previsiblemente el 25 de marzo. El primer Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy aprobó el 30 de diciembre pasado  la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esta incompatibilidad, y ahora es la propia Moncloa y el ministerio que dirige el andaluz Cristóbal Montoro los que están dando forma a este recurso que incluiría una petición de suspensión cautelar de la Ley Electoral de Andalucía, cuya última reforma impide a los parlamentarios ser alcaldes a la vez. Fuentes populares confiaron en que el Constitucional suspenda esta ley antes de las elecciones y que no haya que esperar al fallo, lo que  le permitiría volver a llenar sus candidaturas de algunos de los alcaldes con mayor tirón electoral.

El PP es el partido más perjudicado por esta reforma legal que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, defendió como un avance en la calidad democrática al impedir que una persona ocupe más de un cargo. Sin embargo, el PP alegó que el PSOE, que posee mayoría en el Parlamento, cambió las reglas a última hora. Fue aprobada en diciembre, a apenas tres meses de las elecciones autonómicas. Además, este partido entendía que atentaba contra la libertad de los ciudadanos de presentarse a las elecciones.

La llegada de Mariano Rajoy a Moncloa le va a servir al líder popular, Javier Arenas, para intentar doblar el brazo al presidente Griñán. Por lo general, la admisión a trámite del Constitucional de un recurso no lleva aparejado la suspensión cautelar. Sin embargo, el Gobierno empleará dos argumentos para ello. Uno es técnico, quien lo presenta es el presidente, y el segundo obedece a una justificación de tiempo. Si el Constitucional falla después de las elecciones autonómicas de marzo, los alcaldes no tendrán la oportunidad de presentarse a estos comicios; transcurrirá toda una legislatura.

El PP ha llegado a tener en estos cuatro años cerca de 20 alcaldes.  Algunos han sido sustituidos por otros regidores o por otros representantes. La de Jerez, María José García-Pelayo, que fue vicepresidenta del Parlamento, dejó el escaño recientemente al ser elegida senadora, pero aún quedan regidores de ciudades notables, caso de los de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; Córdoba, José Antonio Nieto; Huelva, Pedro Rodríguez; Marbella, María Ángeles Muñoz, y Fuengirola, Esperanza Oña, que además es la portavoz del grupo.

El Constitucional ha adoptado en varias ocasiones medidas de suspensión cautelar, como es el caso de la ley foral de Navarra que permitía a sus municipios acudir a la petición de créditos para financiar inversiones. Otras no. La más reciente y sonada fue la de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El Constitucional no admitió la suspensión con los votos particulares de cuatro magistrados. El recurso fue interpuesto por el PP y una asociación contraria al aborto.

Además de los alcaldes parlamentarios del PP, hay uno de IU, el de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que se ausentó de la Cámara andaluza las dos veces que hubo de votarse la reforma de la Ley Electoral. La formación de izquierdas la apoyaba, pero solicitó que la incompatibilidad también afectase a otros cargos, como el de senador. Varios parlamentarios socialistas son senadores por designación autonómica, pero el PSOE ha alegado que ello es válido porque la Cámara Alta es un parlamento de representación territorial.

El Gobierno del PP, no obstante, puede terminar perjudicando a otra comunidad gobernada por el mismo partido: Galicia, donde la ley es más estricta, ya que los alcaldes son inelegibles; es decir, deben dimitir antes de presentarse. En el caso andaluz, ello no se produciría hasta el momento de la toma de posesión del escaño. La ley gallega, aprobada durante uno de los mandatos de Manuel Fraga, también buscaba lo mismo: evitar que alcaldes socialistas con mucho tirón ciudadano, como los de La Coruña y Vigo, se presentasen a unas autonómicas. 

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