Fraude en la formación

El PP presenta 189 enmiendas a la propuesta de dictamen de la Comisión, y cree que el fraude estaba en la Junta

El PP ha presentado un total de 189 enmiendas a la propuesta de dictamen de la comisión que ha investigado en el Parlamento las subvenciones a los cursos de formación, y en sus alegaciones asegura que la primera conclusión evidente es que el fraude estaba dentro de la propia Administración.

En sus enmiendas, se concluye que la "factura" del perjuicio económico derivado de la gestión irregular de la formación para el empleo "consecuencia de la gestión directa del PSOE en el Gobierno Andaluz y de la presidenta de la Junta, Susana Díaz" asciende a 1.970,6 millones de euros.

Así, en el capítulo de responsabilidades políticas, el PP incluye a Susana Díaz al considerar que desde sus responsabilidades orgánicas en el PSOE-A y, posteriormente, como presidenta de la Junta "tuvo conocimiento desde el primer momento de las irregularidades".

Y además, el PP asegura que tiene responsabilidad política por "la falta de colaboración de la Junta con los trabajos de la comisión de investigación", por "seguir ocultando información fundamental para conocer la totalidad del fraude" y por la paralización de los cursos durante los últimos cinco años.

También responsabiliza a Díaz de la pérdida de 822,3 millones de euros de transferencias de fondos estatales para el desarrollo de las políticas de formación profesional y de la pérdida de fondos europeos por las irregularidades en formación.

Le acusa, igualmente, de impulsar un segundo cambio competencial en materia de formación profesional para el empleo con el objeto, entre otros, de "ocultar" el fraude, lo que favoreció "el caos organizativo y mayor falta de control".

También le reprocha que se haya "inhibido" de sus responsabilidades tras recibir un total de nueve Informes de Actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía, uno de ellos emitido por menoscabo de fondos públicos.

Considera, por otra parte, que se ha hecho "negocio" con el dinero de la formación, dejando de pagar a las entidades colaboradoras el 25 % final de la liquidación de las subvenciones, y que ha propiciado la pérdida de 30.000 puestos de trabajo con la orden de paralización de la formación profesional del empleo, con la quiebra y cierre de miles empresas del sector.

El PP acusa también a Díaz de faltar a la verdad "ocultando sus relaciones familiares directas" relacionadas con los fondos de formación profesional, que la "condicionaba" en la toma de decisiones en este ámbito.

Los populares responsabilizan también a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán "en su doble condición de secretarios generales del PSOE-A y de presidentes de la Junta", al considerar que tuvieron conocimiento "desde el primer momento" de las irregularidades y las "ampararon por conveniencia política", a pesar de haber sido advertidos por los órganos fiscalizadores.

También responsabilizan a la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado por no actuar con la diligencia debida, así como a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, y al exconsejero de Educación Luciano Alonso.

Entre los responsables políticos incluye el PP a los delegados provinciales de Empleo con competencia en materia de formación; a los directores generales de Formación Profesional para el Empleo; a los viceconsejeros de Empleo y Gerentes del SAE y a todos los anteriores cargos de la Consejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo y del SAE.

Entre las recomendaciones, el PP propone que se promuevan las medidas normativas por parte del Parlamento a fin de garantizar la exigencia del riguroso cumplimiento de los requerimientos efectuados por las comisiones de investigación, y que independientemente de la fecha de finalización de los trabajos de esta comisión, se remitan a sede parlamentaria toda la documentación solicitada y no remitida a los distintos grupos.

Otra de las conclusiones es que se publique en el Portal de Transparencia con periodicidad bimensual el resultado de la recaudación derivada de los expedientes de reintegro respecto de subvenciones vinculadas a la formación profesional. El PP también pide que se modifique el Reglamento del Parlamento de manera que se puedan crear comisiones de investigación sin que se requiera mayoría absoluta.

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