Austeridad, eficiencia, menos burocracia, sin politización, con control del gasto y sin abusos son las bases sobre las que PP quiere asentar su modelo de administración pública, y lo quiere poner en práctica nada más llegar al poder. La urgencia es tal, que su líder regional y candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, se mojó ayer al marcarse plazos: una semana después de tomar posesión como presidente, reducirá "drásticamente" del número de altos cargos y personal de confianza, y a los quince días, acometerá una "espectacular" compresión de la administración periférica -se incluyen las delegaciones provinciales de las consejerías y otros entes-.

Estos serán los dos primeros pasos en el tiempo para una reordenación del sector público que quiere arrancar con la derogación de los "decretazos" -la ley a que dieron lugar- que aprobó el Gobierno andaluz y que ha puesto en pie de guerra al funcionariado en el último año. Tirando de su experiencia como ministro de Administraciones Públicas, Arenas acometerá este proceso con "diálogo" directo con los sindicatos, a quienes garantizó de antemano que bajo ningún concepto los funcionarios estarán en peligro, y es más, se les reforzará en su ejercicio dándoles la "máxima confianza". Cosa distinta es el incremento de su jornada laboral, como en Madrid. Ante la impopularidad de la medida, y dado que la Junta da trabajo a unos 250.000 funcionarios, Arenas no está por ponérselos en contra en la precampaña, así que resolvió que se negociará con los sindicatos, aunque dejó una puerta abierta. Recordó que el contexto actual de crisis requiere de mayores esfuerzos.

La contundencia del PP respecto al mantenimiento de los funcionarios, sin embargo, se diluye respecto del resto del personal que trabaja en la administración paralela de las empresas públicas, y que también son muchos votos -más de 20.000-. Arenas no quiso pillarse los dedos dando plenas garantías respecto a su continuidad en la Administración autonómica, pero de alguna manera intentó tranquilizar. El recurso del que se valió fue referirse a una conversación con un conocido, que le informaba de que en una empresa pública uno de sus directivos siempre advierte a la plantilla de que cuando llegue el PP, todos irán a la calle. La respuesta electoral de Arenas: los trabajadores no deben tener miedo, lo debe tener su jefe, porque a quienes tienen en el punto de mira a los gestores.

El proceso de reestructuración de la Junta bajo el PP tendrá, además, otros hitos marcados, aunque ya sin plazo de cumplimiento, como la reducción a diez consejerías, que los directores generales sean funcionarios, y los secretarios generales técnicos sean altos funcionarios, o el análisis de las empresas públicas "una a una" con una auditoría para saber cuál es su estado real de cuentas. Esta batería de medidas se completará con tres leyes: de transparencia y buen gobierno, calidad de los servicios públicos y de Hacienda Pública. Y todo, para racionalizar un sector público sobredimensionado, tanto en su estructura general como en el entramado paralelo de empresas públicas, agencias y fundaciones, que tiene un coste anual de 5.000 millones y una deuda de 700 millones, según los cálculos del PP.

En este proceso, detallado durante la celebración del Foro sobre Administración del PP, también jugarán un papel fundamental los ayuntamientos y diputaciones -Arenas no está por su eliminación-, ya que se quiere abordar una segunda descentralización para acabar con la duplicidad real que hay de competencias y que suponen más gasto.