PSOE, PP e IU logran varios acuerdos "básicos" sobre financiación autonómica

  • Los grupos presentaron un total de 57 propuestas de resolución, de las que fueron aprobadas todas las socialistas, 15 de IU y siete del PP

PSOE, PP e IU lograron hoy en el Parlamento andaluz varios acuerdos en relación con la financiación autonómica, que tienen como base fundamental lo que se recoge en el Estatuto de Autonomía y que pasan, entre otras cuestiones, por que se garanticen a Andalucía recursos suficientes y que el criterio básico sea el de población.

Los grupos presentaron un total de 57 propuestas de resolución (16 de PSOE, 13 de PP y 28 de IU), de las que fueron aprobadas todas las socialistas, 15 de IU y siete del PP. PSOE y IU lograron un acuerdo sobre un bloque de 13 propuestas de resolución, que supuso que sólo se votaran las de la federación de izquierdas, dándose así por aprobadas las socialistas por su contenido coincidente.

Los grupos también pusieron de manifiesto su unanimidad en relación con 15 propuestas de resolución, siete de IU (seis de ellas coincidentes con las propuestas pactadas con los socialistas), siete de PP y una de PSOE.

Así, el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad que la reforma del sistema de financiación autonómica atenderá, como objetivo exclusivo, a la financiación de los servicios transferidos por el Estado, de manera que éstos puedan ser prestados por las comunidades con recursos financieros suficientes que garanticen la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a los mismos, sea cual sea su lugar de residencia.

De igual manera, se abogó por que el cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades atienda fundamentalmente a la población, teniéndose en cuenta otras circunstancias que pudieran influir en el coste de los servicios que se presten; a la ampliación del porcentaje de cesión tributaria en IRPF, IVA e impuestos especiales, haciendo así de los impuestos estatales cedidos la clave de bóveda de la corresponsabilidad fiscal, consiguiendo así dotar de mayor estabilidad a la reforma del sistema; que la reforma del sistema garantice que ninguna comunidad disponga de menos recursos financieros de los que el sistema vigente les proporciona en la actualidad, y por que se cumpla con lo establecido en el artículo 177 del Estatuto en relación con la actualización del sistema de financiación.

También se produjo la plena coincidencia de los grupos a la hora de demandar que los principios de transparencia, lealtad institucional y participación en las decisiones sean la base de las relaciones financieras entre el Estado y la comunidad, poniendo especial énfasis en la defensa irrenunciable por parte Andalucía de lo dispuesto en el artículo 183 del Estatuto, en el caso de que se produzca una reforma o modificación del sistema tributario español que suponga o implique una supresión de tributos o una variación de los ingresos tributarios de la comunidad.

Entre las propuestas que el PSOE rechazó al PP sobre financiación, se encontraban las relativas a que la Junta inste al Gobierno central a mantener el Fondo de Suficiencia como mecanismo de cierre del sistema de financiación sin que se establezca reducción alguna del mismo en términos de dotación presupuestaria, y que se garantice el nivel de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en Andalucía mediante el establecimiento de cláusulas específicas de responsabilidad de la administración central en caso de incumplimiento de la ejecución presupuestaria prevista, tal y como se recoge para otras comunidades.

También se rechazó del Grupo Popular la propuestas referida a un pronunciamiento del Parlamento para que la Junta inste al Gobierno central a garantizar el incremento de las dotaciones presupuestarias del Fondo de Compensación Interterritorial, partiendo de un escenario presupuestario del mismo no inferior a los 3.000 millones de euros en los PGE de 2009.

Entre las rechazadas a IU, se encontraba una en la que se proponía que el nuevo modelo de financiación introduzca mecanismos de penalización de dumping fiscal o prácticas de utilización abusiva de la autonomía normativa en materia fiscal por parte de las comunidades en el sentido de reducir la equivalencia del esfuerzo fiscal de todas ellas. Otra rechaza hacía referencia a la necesidad de defender en el seno del CPFF la creación de un fondo de convergencia que contribuya a la convergencia de las rentas medias entre las comunidades autónomas del Estado.

En cuanto a la financiación de los ayuntamientos, la unanimidad se produjo en torno a una propuesta coincidente de PSOE e IU por la que el Parlamento considera "inaplazable y necesaria que se aborde por parte del Gobierno de España, de manera paralela a la reforma del sistema de financiación de las comunidades, la financiación de las entidades locales". También hubo unanimidad sobre una propuesta del PP por la que insta a la Junta a que demande al Gobierno central a la reforma del sistema de financiación de manera paralela a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Entre las propuestas sobre la financiación local del PP que fueron rechazadas por el PSOE se encontraba la que instaba a la Junta a remitir al Parlamento en el próximo periodo de sesiones el proyecto de Ley relativo al Pacto Local, así como que en el mes de septiembre remitiera también un proyecto de Ley que haga efectiva par participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad. Sí salió adelante la propuesta del PSOE sobre una ley de participación de las corporaciones locales en los tributos de la comunidad, con el plazo del primer periodo de sesiones de 2009 para que la Junta la remita a la Cámara.

Por último, entre las propuestas de IU rechazadas se encontraba que la Junta acepte la participación de los ayuntamientos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en pie de igualdad con el resto de administraciones del Estado, acompasando la negociación local a la que se desarrolle en el ámbito de la financiación autonómica.

IULV-CA también exigió en sus propuesta que la Junta reconozca la deuda histórica contraída con los ayuntamientos; que incremente en más de un cien por cien el Fondo de Nivelación de Servicios Municipales en los Presupuestos de la comunidad para 2009, o que presente en el Parlamento, en el plazo de seis meses, un nuevo plan de saneamiento y financiación de las haciendas locales.

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