El Parlamento echa hoy el cierre. Lo hará con un Pleno de balance de legislatura en el que, a modo de sesión de control al Gobierno, José Antonio Griñán (PSOE), Javier Arenas (PP) y Diego Valderas (IU) medirán por última vez sus fuerzas en un cara a cara antes de la cita electoral del 25-M. Griñán firmará el 30 de enero su disolución oficial. Aunque la idea inicial es repasar los hitos de los últimos cuatro años y avanzar en propuestas de futuro, todo apunta a que serán el escándalo de los ERE y, sobre todo, la bronca desatada estos días por la solvencia de la economía andaluza entre la Junta y el Gobierno, el PSOE y el PP, lo que acapare el grueso de los discursos. El presidente andaluz va preparado para ello. Tiene sus cifras listas para rebatir el panorama de "suspensión de pagos" que han pintado el Ejecutivo de Rajoy y Arenas. Y subirá a la tribuna con "números", pero no para hacer "numeritos", como adelantó ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno.

De los datos que se manejarán, el déficit y el endeudamiento serán las piedras angulares. Dos valores que colocan a Andalucía en mejor posición que otras comunidades, según la Junta. A septiembre de 2011, la ejecución presupuestaria sitúa el déficit andaluz en el 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB), ocho centésimas por debajo de la media regional, y la deuda pública andaluza en el 9,5% del PIB, 3,1 puntos inferior a la media de las comunidades. Con estos valores, avalados por el Banco de España, no cabe para el Ejecutivo autonómico hablar de suspensión de pagos.

La clave de ese término que maneja el Gobierno de Rajoy y en la que viene insistiendo el PP está en las facturas que la Junta no ha pagado aún. No se trata de la acepción técnica de una suspensión de pagos; es decir, que no puede pagar la totalidad de las deudas por falta de liquidez, sino que éstas están aplazadas de acuerdo con la orden por la que se adelantaba el cierre del ejercicio contable a 30 de noviembre, en lugar del 31 de diciembre, como ya adelantó hace un mes este periódico. De acuerdo con esta orden, las facturas que han llegado con posterioridad a esa fecha no es que no se puedan o no se vayan a liquidar, sino que se computa su abono para el ejercicio de 2012. Así lo explicó Moreno al término de la reunión semanal de Consejo de Gobierno, que insistió en negar que existan "facturas en los cajones, como denuncia el PP.

Andalucía no es la única comunidad que ha puesto en marcha esta práctica contable. Madrid, gobernada por el PP, adoptó una medida similar para cerrar el ejercicio de 2011. Y el Gobierno andaluz se aferra a este documento para sustentar su teoría: el Ejecutivo del PP está jugando sus cartas para beneficiar electoralmente a Arenas, aunque ello suponga dañar la imagen de solvencia de una comunidad y colocarla en una situación de debilidad ante la banca en un momento muy sensible.

Desde que estallara la polémica el pasado viernes tras el último Consejo de Ministros, han sido el Gobierno y los cuadros del PP los que habían mostrado su "preocupación" por la solvencia de las cuentas andaluzas. Arenas había permanecido en silencio hasta que atacó vía red social. "Quienes han llevado a la Junta de Andalucía a la suspensión de pagos a dos meses de las elecciones no pueden presumir de rigor presupuestario", dijo. Su declaración se enmarca en la estrategia que viene desplegando los últimos meses desde que las encuestas le dejan cada vez más cerca del Gobierno. En el PP vienen reclamando a la Junta la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento para saber el estado real de la situación financiera de la comunidad, ante el temor de recibir una herencia en números rojos. Ahora añaden, además, la entrega del registro de facturas, donde piensan que pueden encontrarse cifras "verdaderamente alarmantes", como intuyó el secretario general del PP-A, Antonio Sanz.

Este resucitar de la confrontación, a la que se suma un elemento más, la reclamación de la Junta al Gobierno de 1.379 millones por los anticipos a cuenta de 2011, acaparará el debate que hoy pondrá fin a cuatro años de mandato, y en el que IU volverá a quedarse en medio. Sin decantarse por una u otra versión, sólo pedirá al Gobierno andaluz que aclare si la situación económica y la deuda de Andalucía es de "debilidad o fortaleza" frente a los mercados.