La secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, expresó ayer su apoyo a la movilización ciudadana contra la reforma laboral "para defender los derechos de los trabajadores", mientras Arenas y el PP "están en su congreso repartiendo cargos y acumulando poder".

En un comunicado del PSOE, Díaz, que participó en la manifestación de Sevilla convocada por UGT y CCOO contra la reforma laboral, declaró que la modificación del mercado de trabajo confirma que "el 20 de noviembre fue el gran timo electoral en este país" y que, "lo mismo que mintió Rajoy entonces, miente ahora Arenas" para los comicios autonómicos.

Díaz lamentó que "mientras hoy salimos a la calle a defender los derechos de los trabajadores, otros están en su congreso repartiendo cargos y acumulando poder", en referencia al congreso nacional del PP celebrado este fin de semana en Sevilla.

Susana Díaz alertó de que "se está produciendo la mayor contrarreforma social" y defendió que "tenemos que ser la gente de izquierdas quienes nos movilicemos y nos echemos a la calle para defender los derechos que tanto ha costado conquistar".

Por su parte, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, manifestó ayer su intención de sumar su voz "a la de miles de ciudadanos" que se manifiestan esta jornada en contra de la reforma laboral, que calificó como "la reforma de los despidos", del "castigo al trabajador" y "el mayor atropello a los derechos de los trabajadores en lo que llevamos de democracia".

En un video colgado en su blog personal, recogido por Europa Press, en el que aparece acompañado por los dirigentes sindicales de UGT y CCOO en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, Griñán expresó que esta reforma laboral "ha venido a romper el modelo de convivencia con el que hemos funcionado los españoles desde la Transición, que se basa en presencia activa de sindicatos y asociaciones de empresarios y en la regulación laboral a través de convenios colectivos, el diálogo y consenso social".

Así, el presidente andaluz criticó que es la primera vez desde el comienzo de la Transición que un gobierno "aprueba un cambio radical del marco de relaciones laborales sin haber hablado previamente con sindicatos ni con los empresarios", después de que pocas semanas antes ambos agentes "hubieran obtenido un pacto por la competitividad y la flexibilidad".