Como una cantinela, los mismos argumentos que desde que se conociera la pasada semana el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010 (PGE) han estado esgrimiendo Junta y oposición, ayer, volvieron a escucharse en el Parlamento. Un debate general en el que la alabanza socialista a las cuentas diseñadas por Rodríguez Zapatero por su "lealtad" con el Estatuto andaluz chocó frontalmente con la teoría del "maltrato" de PP e IU, sin avanzar en ninguna dirección. Las propuestas de resolución que se pusieron sobre la mesa no llevó a consenso ninguno, salvo en un punto: la corrección de la décima por la que se incumple que el 17,8% de las inversiones regionalizadas lleguen Andalucía en función del criterio de población, tal y como marca el texto estatutario -hubo también acuerdo sobre una propuesta del PP que era un calco del primer apartado de la Disposición Adicional del Estatuto sobre la deuda histórica - .

La clave de ese voto unánime estuvo en que la propia consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, admitió ese "ligero desfase" y del que señaló ya se ha reclamado al Gobierno central abordar una revisión del padrón de 2008 para que haya un reajuste a favor de la comunidad porque, aunque nimio, esa décima tiene una traducción millonaria.

Las cifras fueron el principal punto de apoyo del argumentario de la Junta en defensa de los PGE y que se limita a una sola idea: Andalucía es la comunidad que más recibe. Afirmación que se estanca en 4.180 millones y que no resiste, sin embargo, la media por habitante, que deja a los andaluces con 504 euros, mientras la media nacional se queda 19 euros por encima. Este dato se obvió, porque se prefirió ensalzar otras cantidades como los 3.725 millones que se dejarán los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, los 436 millones de Fondo de Compensación Interterritorial y los 8.248 millones del Fondo de Suficiencia (aunque estos hayan caído un 7 y un 8%, respectivamente).

A esta cuenta, se añadió un sumando más, los 784 millones de la deuda histórica, y del que se discutió largo y tendido sobre su liquidación: en metálico como exigen PP e IU, o una fórmula mixta de millones y suelos estatales, quedando ya en el olvido la tercera vía, que en su día apuntó la Junta, de su resta de esos 1.400 millones de más que recibió del Estado por los anticipos a cuenta del sistema de financiación de 2008 y que, por la caída en picado de la recaudación tributaria, tiene que devolver . Fue por esa doble vía de cobro por lo que el PSOE se quedó solo cuando propuso reclamar y, por tanto, garantizar, que en el pago venga determinada "su adecuación a la finalidad fijada por dicha disposición", es decir, vivienda, sanidad y educación.

El PP, que no logró colar nada, en parte porque muchas eran sus quince propuestas de austeridad y que siempre ha rechazado el PSOE, insistió en que los PGE son un "retroceso", un "fracaso" y un "castigo" a una comunidad que no resiste la comparación con Cataluña, y que cierran la puerta a una reforma fiscal justa y a la baja. En la crítica impositiva coincidió IU, aunque desde la perspectiva contraria: sí a la subida de los impuestos pero de una manera "progresista, valiente y para las clases altas". El capítulo de las reformas también lo tocó la coalición, orientando sus propuestas hacia un cambio de modelo productivo y sostenible que, a su juicio, claramente deja olvidado en un cajón el Gobierno de Rodríguez Zapatero con la reducción al 13% de la partida para energías renovables, un 10% de recorte al cuidado de la biodiversidad y la lucha contra la contaminación, hanciéndose necesario un incremento de las inversiones ferroviarias y en I+D+i.