El PSOE neutralizó ayer la posibilidad de que los 784 millones que el Gobierno central debe a Andalucía en concepto de deuda histórica se resten o compensen con los 1.400 millones que en cuatro anualidades tendrá que devolverle la Junta por los anticipos a cuenta de la liquidación del sistema de financiación. Esta opción, que la pasada semana dejaron caer el propio presidente andaluz, José Antonio Griñán, y la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, y que tan airada reacción desató en la oposición, quedó desactivada tras la Ejecutiva regional del PSOE-A de todos los lunes, cuando su secretario de Organización, Rafael Velasco, confirmó que la deuda "se cobrará" y que "no se canjeará por absolutamente nada".

Despejada esta alternativa, queda por ver con qué se pagará, si en metálico o por la cesión de suelos u otros bienes estatales, esta última con un encaje más complicado desde la perspectiva de que el término deuda histórica se acuñó para definir la compensación económica que necesitaba Andalucía para corregir el déficit que arrastraba desde hace dos decenios en materia de vivienda, sanidad y educación. Ese carácter finalista, recogido en el Estatuto de Andalucía, se respetará, según Velasco, que, aunque no supo precisar "si es técnicamente posible", insistió en que "la deuda vendrá para los fines que tiene". Ese convencimiento lo justificó, además, en que en la Comisión Mixta entre Junta y Gobierno central se buscará la "mejor liquidación", apuntando ya a que "posiblemente haya sorpresas agradables".

Con este cambio de planes, que anula el canje de deudas, el PSOE parece dejar en mejor lugar la fórmula mixta de cobro en suelo y dinero a los ojos de la oposición, que tampoco está por aceptar esta vía. Algo que, en el caso del PP, molesta especialmente a los socialistas, por entender que fue el partido que durante ocho años negó a los andaluces el reconocimiento de la deuda histórica relegándolo casi al término de "tontería".

En la reunión semanal de la dirección regional socialista también se discutió la organización el próximo mes de noviembre en Málaga de un encuentro con alcaldes y cargos municipales de otras comunidades para explicarles el logro andaluz que supondrá ser la primera región en aprobar de las leyes de Régimen Local y Participación de los entes locales en los Tributos de la Comunidad, anticipándose incluso al Gobierno.