En el partido de ida y vuelta del y tu más en casos de corrupción, marcado a nivel regional y nacional por el caso de los ERE y el Gürtel como principal arma arrojadiza entre los principales partidos políticos, la presidenta del PSOE de Andalucía, Rosa Torres, puso ayer el marcador a cero en lo que a candidatos municipales se refiere en las filas socialistas. Eso sí, con una acotada interpretación. Torres aseguró en rueda de prensa que en su partido no hay ninguna persona imputada por delitos de corrupción, dejando al margen cualquier otro tipo de delitos entre los que se encuentran los "delitos administrativos".

"Eso sólo lo podemos decir los socialistas", aseveró Torres, en el cierre del plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. La presidenta del PSOE de Andalucía aprovechó para instar a PP a realizar un "acto de contrición" en plena Semana de Pasión.

El PSOE aprobó una instrucción general en la convención municipal que celebró en Sevilla a comienzos de febrero prohibiendo que en las listas figuraran personas "imputadas por corrupción o delitos de enriquecimiento" personal. Sí podrían ir imputados por otros asuntos. Asimismo se rechazaba incluir a condenados.

"Siempre que un militante socialista ha tenido relación con asuntos de corrupción se ha dado de baja, o el partido ha pedido su destitución para evitar su contaminación", señaló Torres, que ya hace unas semanas arremetió contra los diez imputados que ha incluido el PP en la lista de Valencia. "Los populares deben pensar si lo que hacen es justo con la ciudadanía y la democracia", dijo la presidenta del PSOE andaluz, para quien los socialistas afrontarán los ataques del PP con transparencia y colaborando con la justicia.

Nada se dijo sin embargo de si el PSOE tiene previsto pactar con imputados tras las elecciones del 22 de mayo, como sería el caso de Sevilla y el candidato de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, por el caso Mercasevilla, quien también ha hablado de una imputación administrativa. En Córdoba también se presenta como independiente un imputado en Malaya, Rafael Gómez, Sandokán. En las filas del PP hay imputados como el alcalde del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, para el que la fiscalía pide cuatro años por cobrar presuntamente de promotores a cambio de licencias urbanísticas.

Los socialistas volvieron a la carga con las derivaciones andaluzas de la trama Gürtel, lo cual ha originado, según Torres, una actitud de "nerviosismo" entre los dirigentes del PP que les lleva a "perder las formas y a estar muy atareados" por la relación con la trama Gürtel de dirigentes populares como Javier Arenas, Ricardo Tarno y María José García Pelayo.

El PP avisó de que ampliará la querella que tiene presentada contra distintos dirigentes socialistas por las última "injurias y calumnias" vertidas que vinculaban al PP andaluz y a su presidente, Javier Arenas, con el "caso Gürtel", según anunció ayer el secretario general de la formación en Andalucía, Antonio Sanz.

Los populares salieron al contragolpe con el caso de los ERE y anunciaron el envío de un escrito a la juez que investiga el caso, Mercedes Alaya, para que inste a la Junta a entregar también los expedientes "muertos", es decir, aquellos que ya han sido abonados y que, en principio y a menos que lo solicite la juez, la Consejería de Empleo no va a remitir. La investigación interna de Empleo en 68 expedientes vivos, que aún se están pagando, finalizó con la detección de 72 intrusos y 111 sospechosos de serlo bajo la etiqueta de "discrepancias administrativas".

El PP cifró en 19.000 personas las beneficiadas con ayudas sociolaborales en los ERE ya extintos e instó a la Junta a no caer en un delito de "encubrimiento y ocultación".

Precisamente ayer se conoció los reparos que desde el primer momento ha puesto la Junta a entregar las actas de los Consejos de Gobierno a la juez Alaya. El Gobierno andaluz ha formalizado recursos de apelación contra los autos de la juez en los que ha requerido esta actas. Las actas se encuentran en sobres lacrados y en una caja fuerte a la espera de que el Tribunal Supremo decida si la juez tiene competencia para abrirlas.