El PSOE se niega a investigar los ERE que ya se han pagado

  • La Fiscalía Anticorrupción designa a un segundo fiscal para participar en la causa judicial

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El PSOE cree que la Junta de Andalucía, especialmente a través de su Consejería de Empleo, ya ha investigado lo suficiente los posibles fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) y rechazó ayer en el Parlamento andaluz una iniciativa del PP en la que se instaba a investigar los expedientes que ya han sido totalmente pagados a sus beneficiarios o expedientes "muertos", como se les conoce comúnmente. Empleo concluyó hace unas pocas semanas la investigación sobre los ERE que aún se estaban abonando, que deparó un total de 72 intrusos y 111 sospechosos, envió la documentación a la juez Mercedes Alaya, encargada del caso, y paralizó los pagos a los calificados como fraudulentos. Sobre los ERE "muertos", la versión gubernamental apunta a que es una decisión de la justicia si se investigan o no.

Sin embargo, la portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, defendió ayer una proposición no de ley en la que su partido solicitaba que la Cámara instara a la Junta a ampliar la investigación interna y criticó que el PSOE se niegue a llevarla a cabo porque si "en el 50% de los ERE vivos había irregularidades, por pura deducción, se podría pensar que en los que ya han sido abonados también se pueden encontrar las mismas irregularidades".

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción designó ayer al fiscal Manuel Fernández Guerra para que, junto al también fiscal Juan Enrique Egocheaga, participe en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla sobre ERE. La investigación ve indicios de que las ayudas aportadas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa al ser libradas a través de un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), por el que se destinaba 648 millones de euros para la reestructuración de empresas en crisis, sin ni siquiera ser publicados en el BOJA, lo que constituye según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante".

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