El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer un expediente de gasto de 42,91millones de euros para abonarle a la empresa José Manuel Pascual la asistencia sanitaria, programada y urgente prestada en sus centros hospitalarios de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín (Cádiz). Según la Junta, se trata del importe correspondiente al periodo entre el 1 de octubre de 2016 y el 7 de junio de 2017, período en el que Pascual mantuvo su actividad en los citados tres hospitales gaditanos aunque no existía ningún tipo de convenio o contrato entre el empresario gaditano y la Administración andaluza al "no haberse presentado la empresa a ninguno de los dos concursos públicos convocados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS)", según la tesis siempre mantenida por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Desde Salud destacan que en el cálculo de la cuantía, avalada por el Consejo Consultivo, se ha tenido en cuenta la mensualidad del último concierto vigente previo a dicho periodo de facturación. El pasado junio, el SAS y la empresa suscribieron el nuevo concierto, por cuatro años y 380,4 millones, para complementar la asistencia hospitalaria del sistema público en las tres poblaciones citadas.

El presidente del comité intercentros de los hospitales de Pascual, José María Manzano,recordó ayer que la Junta aún tiene pendiente la firma de un convenio con tres centros de Pascual -los hospitales de San Rafael, en Cádiz, de la Blanca Paloma, en Huelva, y el Hospital Doctor Pascual, en Málaga- a los que la Administración regional se comprometió a dar una solución. Según Manzano, San Rafael sólo mantiene una cuarta parte del personal que tenía en tiempos de concierto y la fuga de personal sigue adelante ante la incertidumbre que provoca la falta de un convenio con la Junta. El presidente del comité intercentros agregó que la clausura de Huelva y Málaga podría estar muy cerca.

La suscripción de conciertos es una de las fórmulas que prevé la Ley de Salud de Andalucía para hacer posible la colaboración entre la Administración autonómica y la iniciativa privada en la prestación de asistencia complementaria a la de los centros públicos en zonas específicas. Se realiza teniendo en cuenta las necesidades de atención según principios de complementariedad, coordinación y optimización de recursos.