Propietarios de viviendas ilegales se echan a la calle contra la LOUA

  • Unos 40.000 afectados constituyen una federación y planean una manifestación para el 28-F · Preparan una iniciativa legislativa popular que llevarán al Parlamento

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Asociaciones que representan a alrededor de 40.000 propietarios de casas ilegales de toda Andalucía anunciaron ayer la creación de una federación para luchar contra el decreto aprobado el pasado enero por la Junta que regula la situación de las viviendas en suelo no urbanizable, al entender que "no soluciona la situación existente", además de considerarse "afectados" por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo que han anunciado movilizaciones.

Esta nueva Federación Andaluza de Afectados por la LOUA pretenden reunirse con partidos para que "den una solución de una vez por todas" y están prepararando una iniciativa legislativa popular para presentarla en el Parlamento andaluz y en los ayuntamientos.

Estos propietarios anuncian, además, la convocatoria de manifestaciones como la que Asociación de Provincial de Viviendas Irregulares de Málaga tiene solicitada para el 28 de febrero ante la sede de la Presidencia de la Junta en Sevilla, a la que se sumarán miembros de asociaciones de otras provincias.

Su demanda principal es la modificación de la LOUA (Ley 7/2002 de 17 de diciembre), han expresado su rechaza al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), "sobre todo en lo referente al tope de crecimiento urbanístico". Estos propietarios apelan al Tribunal Supremo para que "modifique la sentencia sobre la no prescripción de las sanciones en suelos protegidos, en contra de la opinión de la Fiscalía de Medio Ambiente" y demandan proyectos "para salvaguardar la seguridad de las zonas inundadas, que no inundables".

El decreto de regularización de viviendas ilegales aprobado por el Gobierno andaluz distingue, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de hábitat rural diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos). Según los casos, las viviendas que puedan acogerse tendrán opción a obtener una licencia de ocupación o bien de reconocimiento de asimilado fuera de ordenación que les permita mantener su estado actual y acceder a servicios como los de suministro de luz y agua, al menos en régimen de autoabastecimiento.

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