Una quincena de alcaldes de la provincia de Granada estuvieron bajo sospecha el año pasado por delitos urbanísticos. El dejar hacer sin licencia o permitir edificar en suelo no urbanizable o protegido fueron conductas que provocaron algunas de las denuncias que recibió la Fiscalía de Medio Ambiente de Granada en 2009, dando lugar a las correspondientes diligencias de investigación penal, según informaron fuentes de esta sección especializada del Ministerio Público.

Cuando un fiscal de Medio Ambiente lleva a cabo una investigación de este tipo, el expediente puede tener dos finales: ser archivado o acabar en una denuncia en los juzgados para que se procese al regidor de turno por un delito contra la ordenación del territorio. En muchos casos, el delito que se le acaba imputando no es sino una posible prevaricación urbanística, consistente en favorecer o posibilitar un desarrollo urbanístico contrario a las normas aplicables "a sabiendas" de ello.

Las denuncias contra regidores que aterrizaron en las mesas de los fiscales suelen ser formuladas por partidos en la oposición o por organizaciones ecologistas, aunque a veces son particulares los que piden la intervención del Ministerio Público. La labor del Seprona en este ámbito también es fundamental.

Según detallaron las fuentes consultadas, en 2009 hubo investigaciones contra los responsables municipales La Herradura, Huétor Vega, Bubión, Cájar, Alhama de Granada, Rubite, Atarfe, Castell de Ferro, Las Gabias, Loja, Alhendín, Almuñécar, Puebla de don Fadrique, Otura y Carataunas. Y contra algunos de ellos hubo más de una denuncia.Es el caso, por ejemplo, de Almuñécar. Según las fuentes, hasta cuatro denuncias por posibles delitos contra la ordenación del territorio se tramitaron en la Fiscalía contra el alcalde, Juan Carlos Benavides, quien -todo hay que decirlo- está saliendo airoso de los distintos procesos que por otros motivos se han seguido contra él en los tribunales.

Pero no todos los expedientes prosperan. De hecho, de la veintena de investigaciones abiertas contra alcaldes, un número considerable terminó en carpetazo.