El Recre solicita la Ley Concursal con una deuda de 15 millones

  • La entidad no podía asumir a corto plazo el pago de alrededor de 2,5 millones de euros, lo que lo habría abocado al colapso · La modalidad voluntaria permitirá al club mantener su autonomía, aunque tutelada

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El Recreativo ha solicitado acogerse a la Ley Concursal, en su modalidad voluntaria, ante la imposibilidad de hacer frente a una serie de pagos que vencían entre ayer y los próximos días por una cuantía cercana a los 2,5 millones de euros y con una deuda total de alrededor de 15 millones de euros, según ha podido saber este diario. Las cuentas recreativistas presentan una masa pasiva de 15 millones (deuda) y una activa de 25 millones (donde se incluye el patrimonio, la plantilla y las cantidades que le deben al propio club), por lo que aún mantiene un desfase positivo de 10 millones que en realidad no es tangible ya que en ningún caso podría desprenderse de todos sus activos. Tras la presentación ayer en el Juzgado Mercantil de Huelva de la documentación pertinente, el Decano está a la espera de saber si cumple los requisitos o no para someterse al concurso de acreedores.

Una vez sea aceptada la petición albiazul, el juez Jesús Gabaldón designará dos administradores concursales que serán los encargados de tutelar la gestión de la entidad. Al solicitar la modalidad voluntaria, el consejo de administración mantendrá la autonomía en sus decisiones, aunque sus movimientos deberán ser aprobados por estos representantes.

El concurso de acreedores implica que el Recre garantizará el pago de todas las cantidades pendientes con empresas, instituciones públicas, jugadores y técnicos de anteriores temporadas. Una vez inmerso en este proceso, su deuda dejará de crecer puesto que la presencia de los administradores concursales así lo garantizará. En cuanto a las ya existentes, se creará una lista de acreedores, encabezada por los trabajadores a los que se les deba dinero (futbolistas y técnicos de pasadas campañas) y posteriormente empresas privadas y entidades públicas. Todos ellos tienen garantizado el cobro. En el caso de los profesionales, están cubiertos por el fondo de garantía salarial todos aquellos que presentaron su documentación antes del 31 de agosto ante la Comisión Mixta de la Liga.

El consejero delegado, Michael Dumois, junto al responsable jurídico, Francisco Muñoz, fueron los encargados de anunciar ayer en una rueda de prensa convocada con carácter urgente el paso emprendido por los rectores albiazules. "La entrada en concurso de acreedores da viabilidad al club. Nos servirá como parapeto para no quedar bloqueados. Para nosotros supone entrar en el plan de saneamiento en el que no pudimos entrar en su momento", ha señalado Dumois. El Decano tenía que hacer frente a unos pagos inmediatos que su falta de liquidez actual hacía imposible. Por ello ha preferido "solicitarlo de forma voluntaria porque la ley establece esta posibilidad. En caso de no hacerlo y no afrontar los pagos, podríamos entrar en un concurso necesario y entonces quedar en manos de una administración judicial. De esta manera la gestión del Recreativo sigue siendo autónoma, aunque tutelada. La Ley Concursal es la solución, no el problema. Tomamos la decisión bajo nuestra responsabilidad. Lo fácil sería dimitir o irse, pero lo difícil es tomar decisiones. Es lo más beneficioso para el club aunque sea lo más difícil para nosotros".

El consejero delegado recreativista apuntó al "desfase" producido por el descenso de Primera a Segunda como "el responsable de esta situación. Pasamos de tener unos ingresos de 20 ó 21 millones de a 5. Teníamos que asumir una serie de contratos de Primera División y liquidar jugadores que nos han llevado a esta situación".

Tras la presentación de toda la documentación, el Juzgado Mercantil tiene un plazo de un mes para responder y admitir o no la solicitud. Una vez aceptada, que es lo normal en estos casos, se iniciará el largo proceso del concurso de acreedores. La primera fase de elaboración de informes durará un año como mínimo. La siguiente podría prolongarse hasta cinco años más. Mientras tanto, la deuda recreativista sólo podrá menguar, sus pagos estarán garantizados y cada decisión que tomen los miembros del consejo de administración deberá contar con el visto bueno de los administradores designados.

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