Al Ministerio de Trabajo le interesa controlar las bajas laborales para evitar fraudes y al SAS le conviene, si se pueden ahorrar visitas al médico para renovar el parte de alguna manera, aplicar el sistema que lo consiga. Ése es el espíritu de colaboración que ha llevado a 12 centros de salud de la comunidad autónoma a implicarse en un proyecto piloto de medición de la duración real de las bajas temporales por enfermedad.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, explicó ayer en sede parlamentaria que la idea ha sido puesta en marcha con la colaboración de Samfyc, una de las sociedades científicas en las que se agrupan los médicos de Familia. Montero enmarcó el proyecto en el contexto de las diferentes actuaciones de su departamento para ayudar a reducir la burocracia en los centros de salud y, de esta manera, dejar más tiempo a los médicos para atender pacientes.

Los facultativos de esa docena de centros de salud están comprobando si la duración estándar de la baja laboral estimada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para una determinada patología es efectivamente la que se da en la realidad asistencial andaluza. Esa información es, obviamente, de interés para el Ministerio de Trabajo. Además, a los pacientes afectados por esas circunstancias se les otorgan de una vez sucesivos partes de baja que abarcan el plazo estimado en el que estarán sin disponibilidad laboral certificada por el médico; eso significa que no van la consulta a renovar las sucesivas bajas, aliviando así la carga de trabajo de los centros de salud, algo de gran interés para el SAS.

Según datos facilitados ayer por la Consejería de Salud, en Andalucía se expiden cada año unas 850.000 bajas temporales por enfermedad, de una duración media de 54 días. Sólo para gestión de los partes, los médicos de la sanidad andaluza atienden anualmente 8,5 millones de consultas.