Primera derrota de la defensa de Griñán ante el Supremo. Y nuevo aval de una instancia judicial superior a la labor de la juez Alaya. El instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha avalado que la juez Mercedes Alaya tome declaración a partir del próximo jueves a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han elaborado un informe pericial que corrobora todas las sospechas de la magistrada en relación con el fraude de los ERE. El instructor no sólo ha reconocido que Alaya tiene competencia para citar a estos peritos, sino que además le ha remitido una copia del contrainforme elaborado por los catedráticos de derecho financiero y tributario Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez Lago, quienes llegan a conclusiones completamente diferentes a las de los peritos que realizaron su análisis por encargo del juzgado.

Alaya tiene, de esta forma, vía libre para que los peritos de la Intervención General del Estado puedan ratificar su informe a partir del próximo jueves, a pesar de que la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán había alegado que con esta actuación la instructora invadió las competencias del Tribunal Supremo.

En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal, el abogado José María Mohedano había sostenido que la decisión de Alaya de citar a los peritos constituye una "clara vulneración" de la competencia del Alto Tribunal, así como una "violación" del derecho de defensa y del principio básico de contradicción.

Mohedano aportaba un argumento incontestable, pero que el Supremo no ha tenido en cuenta y es que la propia juez Mercedes Alaya, en un auto dictado el pasado 30 de septiembre, rechazaba la petición de otra defensa para que citara a declarar a los peritos porque, según recordaba entonces la magistrada, en la exposición razonada que se envió al Supremo aparecen nueve personas "de las que podría derivarse responsabilidad por las presentes actuaciones" y por tanto era procedente, "a fin de no causar indefensión a los mismos, demorar la ratificación del informe pericial para que sea practicada en su sede definitiva". Esa sede definitiva no podía ser otra que la Sala Segunda del Supremo, que en noviembre del año pasado asumió la competencia para la instrucción al abrir una causa contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra los ex consejeros de la Junta José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno. El instructor del Supremo ha dicho ahora, en cambio, que Alaya tiene autonomía para decidir si emplaza a los peritos de la defensa y de la IGAE para ratificar los dictámenes.

Los dos informes se contradicen en la tesis principal, ya que mientras los peritos de la Intervención consideran "inadecuado" e "improcedente" el uso de las transferencias de financiación al IFA/Idea para el pago de las ayudas, los catedráticos que han elaborado el informe para la defensa las consideran un "instrumento perfectamente idóneo y legalmente adecuado para financiar la actividad del IFA/Idea".

El informe encargado por los juzgados reprochaba al ex presidente Griñán, en su condición de ex consejero de Economía, y a las ex consejeras Magdalena Álvarez y Carmen Aguayo, que no adoptaran "las medidas necesarias para evitar las irregularidades".

Por su parte, el contrainforme de la defensa circunscribe el posible fraude a la Consejería de Empleo y exculpa al resto de organismos de la Junta, al afirmar que las presuntas irregularidades se habrían producido "en el momento de la ejecución del gasto".