El instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, ha rechazado el recurso de apelación presentado por el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías contra la expoisicón razonada que le inculpa por un delito de prevaricación, al entender que contra esa decisión no cabe ningún recurso. 

En una providencia dictada el pasado martes, el instructor señala sobre el recurso de apelación presentado por la defensa de Zarrías que no debe tramitarse porque "según ha resuelto la sala de Admisión de este tribunal por auto de 9 de julio pasado, contra la exposición razonada del instructor proponiendo que se tramite el correspondiente suplicatorio con respecto a tres de los imputados que presentaban la condición de aforados, no cabe recurso alguno". 

Con anterioridad, la defensa del ex consejero de la Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías acusó al instructor de utilizar la Justicia como un instrumento político. En el recurso de apelación presentado ante el Alto Tribunal, el abogado de Zarrías concluyó que debatir en sede penal un sistema de ayudas que trata de dar respuesta a "unas situaciones crítica por las que atravesaban miles de familias en Andalucía, supone convertir al sistema de Justicia penal en algo más que un mero instrumento de política criminal; supone convertirlo en un mero instrumento de política ". 

El letrado Gonzalo MartínezFresneda, que representa al ex consejero, considera el instructor pretender convertir a las leyes aprobadas por el Parlamento andaluz en "prevaricadoras" cuando las leyes son constitucionales o inconstitucionales, pero nunca pueden ser prevaricadoras. 

El recurso argumenta que la exposición razonada elevada a la Sala del Supremo pone fin a una instrucción "realmente ineficaz", por cuanto entiende que el instructor "no ha llegado nunca a poner en duda los planteamientos" de la juez Mercedes Alaya, "respetando su rumbo y orientación", al recordar que el instructor calificó en reiteradas ocasiones a la causa de Sevilla como su "causa nodriza". "La exposición razonada nos enfrenta a una visión de totalidad, en la que se pretende someter a juicio penal las decisiones legislativas de la Junta. 

La imputación es la "condena" de los diputados, al tener que abandonar su acta ta de Andalucía por las que se cebó la partida presupuestaria para ayudar a miles de trabajadores que se habían quedado sin trabajo, sostuvo en alusión a las manifestaciones realizadas por el ex interventor de la Junta Manuel Gómez en una carta dirigida al presidente del Parlamento y en la que acusó al ex presidente de la Junta José Antonio Griñan de haber "cebado sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE". 

Tampoco cuestionó el magistrado, prosigue la defensa, los planteamientos de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), unos peritos que fueron designados por "una instancia política " y a los que usó como "policía judicial". El recurso destaca que estos peritos fueron elegidos por el interventor general "nombrado por el PP" y entre los mismos y a pesar de la "enjundia jurídica del tema" hay una licenciada en Químicas y sólo un licenciado en Derecho. 

El abogado de Zarrías considera, de otro lado, que cuando el instructor argumento las disfunciones del proceso en una causa con aforados se olvidó de una peculiaridad más acusada: "es público y notorio que los diputados imputados por un delito de prevaricación son impulsados a abandonar el acta tan pronto se solicita el suplicatorio contra ellos" y como el delito de prevaricación conlleva sólo una pena de inhabilitación, esto supone que los diputados cumplen su pena desde su imputación, por lo que "la imputación es su condena", razona. "Por desgracia, cuando la marea de turbación se sosiegue, cuando la tensión política deje de contaminar el debate jurídico y mi mandante se vea exculpado por completo de estas imputaciones infundadas, será ya demasiado tarde" y "nadie se dirigirá a él para reconocer el error cometido en su persona, ni le reparará el daño injusto e irreversible que se le ha causado". 

La defensa insistió en que no hay elementos para inculpar a Zarrías por un delito de prevaricación y apela a la "responsabilidad constitucional" del tribunal para que declare, de acuerdo con el Derecho, que "no hay motivos para inculpar a GasparZarrías " por cuanto todo el relato del instructor es una "construcción artificiosa" que gira en torno a las transferencias de financiación por las que se pagaban por el IFA las ayudas bajo sospecha. 

El magistrado Alberto Jorge Barreiro ya había rechazado pronunciarse sobre la petición de archivo que realizó Gaspar Zarrías y que se cruzó en el tiempo con la solicitud de suplicatorio para que continúe la causa contra el hasta ahora diputado socialista. El instructor consideró entonces "es claro que no procede decidir" sobre la petición de archivo. Y todo ello porque cuando el escrito de la defensa del ex consejero llegó a esta Sala, el pasado 25 de junio, "ya había sido formalizada la exposición razonada pidiendo el suplicatorio del imputado, decisión que se cruzó, obviamente, con la remisión del escrito de la parte a este Tribunal, por lo que era imposible que obtuviera una respuesta, toda vez que al acceder a la secretaría estaba ya en plena tramitación la notificación de la exposición razonada". 

El magistrado precisaba además que "aunque el escrito hubiera sido cursado en días precedentes, tampoco podría entrar a resolver el instructor sobre el sobreseimiento, pues para ello habría que entrar a examinar y resolver sobre la posible inculpación del imputado, decisión que no podía adoptar ni motivar el instructor hasta que se tramitara y se concediera el suplicatorio por el Congreso de los Diputados".