El TOPO DE ARENAS

  • Las diferentes cifras de déficit aportadas por Griñán y su consejera de Hacienda no hacen sino enturbiar aquello de lo que presumía el presidente: su gestión de las cuentas

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CIERTA vez mantuvimos en este Tintero que la transparencia de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, rayaba la desnudez y que sus maneras eran incompatibles con la mentira, aunque también con el manejo de los tiempos de la política. Ahora doy fe de que también resiste los harakiris. El pasado miércoles en la cafetería del Parlamento andaluz, te y café por delante, la consejera confirmó a este medio que el actual sistema de financiación autonómica, el que se pactó con Zapatero, estaba beneficiando a Cataluña y a Madrid, las comunidades más ricas exceptuando las vasca y navarra, que ellas se lo guisan y ellas se lo comen con sus privilegios forales. Y no por el modelo en sí -insistió, sin rehuir el asunto-, sino por una mala aplicación de éste por parte del Gobierno anterior, el de su propio partido. Por eso, exigía al nuevo ministro, Cristóbal Montoro, mayor transparencia en el reparto de los fondos y más lealtad institucional, justo lo mismo que le reclamó a la ex vicepresidenta Elena Salgado, a cuyo Gobierno le demandó mediante reclamaciones judiciales un total de 4.554 millones de euros por lo que entiende una injusta aplicación del modelo.

Hasta ahora, sólo se conoce cómo funcionó este reparto de los dineros durante el primer año de ejecución, el de 2009, y Andalucía estuvo justo en la media, pero es posible que en los posteriores ejercicios, Madrid y Cataluña, hayan ganado más, tal como adelanta un estudio realizado por la catedrática del Instituto de Economía de Barcelona Nuria Bosch. Este texto, que formará parte del Informe sobre federalismo fiscal, subraya que Andalucía, Valencia y Murcia son las perjudicadas. El sistema habría reducido las diferencias entre los dineros que recibían cada comunidad por habitante, pero las más ricas ganan más que las pobres. Y Aguayo -repitió- no lo descarta. Se lo reclamó a Elena Salgado como el miércoles se lo explicará a Cristóbal Montoro, acompañada esta vez del consejero de Economía, Antonio Ávila.

Un apunte a subrayar: lo mismo que en el Gobierno central hay una bicefalia que terminará dando dolor de cabeza, la de Montoro-De Guindos (ministro de Economía), en Andalucía está la de Aguayo-Ávila o la de Aguayo-Antonio Lozano, economista del núcleo férreo del presidente. Esto quizás sirva para comprender qué sucedió un día después de ese café - el jueves-, cuando la consejera Aguayo aseguró que el déficit andaluz se acercará al 3% del PIB, mientras que el presidente Griñán había apuntado 24 horas antes, y en el Parlamento, que superaría el 1,4%. Estará "en la media española" y será "seguramente, mayor del 1,4", dijo el presidente ante las insistentes reclamaciones del líder del PP, Javier Arenas, conocedor de que un informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ya había aventurado que Andalucía cerraría el ejercicio con, al menos, el 2,7% de déficit, cuando la media sería del 2,6%. Todas las comunidades, incluidas las del guiso foral, incumplirán el objetivo del 1,3%, según este informe premonitorio, siendo las peores desviaciones las de Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. ¿Malo? Claro, aunque este neoespartanismo en tiempos de recesión se parece a un harakiri comunitario.

El Gobierno andaluz lleva meses acarreando un problema. Como el PSOE-A. Grave. A veces hay que recurrir a seres imaginarios para explicar realidades inconcebibles. Por eso fue por lo que la pasada semana apuntamos que, entre la estrategia diseñada por Javier Arenas para ganar las elecciones del 25 de marzo, figuraba la infiltración de un topo en la dirección socialista andaluza o en el propio Ejecutivo. Sólo de este modo es posible explicar tamaños errores.

Arenas diseñó el pasado verano sus últimos tramos de la maratón electoral y cuentan, desde el PP, que hasta tiene organizadas día por día las decisiones que adoptaría si el 25-M se convierte en presidente de la Junta. La estrategia le va funcionando. Su eslogan -el cambio andaluz- es preciso, lejos del atribulado Hagamos nuestro propio camino del PSOE, pero lo que en lo que, realmente, acertó fue en su relato. Sostiene Arenas que los 30 años del PSOE han derivado en un régimen agotado por corruptelas y amiguismos, del cual el macroproceso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sería el ejemplo paradigmático. "No se puede cambiar a peor", repite Arenas una y otra vez.

Pero el Gobierno de José Antonio Griñán contraponía otro argumento no menos importante: Andalucía mantiene sus políticas educativas y sanitarias intactas con uno de los endeudamientos más bajos de España. El ataque que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, realizó desde la sala de prensa del Consejo de Ministros el viernes 20 de enero, a la solvencia de la Junta era una flechazo dirigido contra este discurso de Griñán al dar pábulo a una falsa suspensión de pagos de la Junta, sustentada sólo en que Hacienda ordenó cerrar el ejercicio presupuestario en noviembre y -eso sí- apenas dio tres días para que las consejerías y sus departamentos arreglasen sus cuentas. Muchas facturas se han quedado sin cursar en los recodos del Programa Júpiter.

Andalucía mantiene una de las deudas financieras más bajas del país, 14.431 millones de euros, un 9,5% de su PIB, mientras que la media es del 12,6%, y las de Valencia y Cataluña rozan el 20%. El dato se corresponde con la última contabilización del Banco de España, que es de septiembre de 2011 y puede que al cierre se hayan llegado a los 20.911 millones de euros de los que Martínez Aguayo informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 27 de julio pasado. Ahora bien, tal como sostiene Rafael Carmona, que es el responsable económico del PP andaluz y el hombre de los papeles contables en la calle San Fernando, la deuda no es sola la financiera: hay una morosidad inasumible con las constructoras, hay operaciones de aplazamiento con terceros, hay avales con otros y hay gente que espera y espera para cobrar. El propio Carmona, al ser interrogado sobre ello el jueves pasado en una rueda de prensa, aseguró que él no se atrevía a decir que la Junta estuviese en suspensión de pagos, aunque problemas -eso sí- los tenía. Y graves.

Pero es, entonces, en esta guerra de cifras de deuda entre el PP y la Junta, cuando debió entrar en acción el topo de Arenas. Griñán cifró el déficit de la Junta en el debate del miércoles en más del 1,4%, y su consejera Martínez Aguayo, sólo un día después, da el 3% como probable. El doble. ¿Por qué el presidente dio ese dato cuando su consejera de Hacienda, como Arenas, también habría visto -y esto es sólo una suposición- el informe de Fedea? Es cierto que Griñán no llevaba el número en su discurso, y que fue en la dúplica a Arenas cuando citó ese "por encima del 1,4%". Un debate insustancial se convirtió con el paso de los días en una nueva pregunta después del Consejo de Ministros del pasado viernes, y esta vez, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo todos los elementos a su favor: tan equivocada no estaría yo cuando el presidente y su consejera difieren de las cifras de déficit. Bestial.

Y eso que Aguayo hubiera tenido, incluso, alguna salida: si el Gobierno pagase los 4.554 millones de euros que ella le reclama, el déficit del 3% sería sustancialmente menor. Pero en su partido no hay nadie que la arrope. Habrá que esperar al dato final que aporte la Intervención General del Estado para conocer el déficit oficial, aunque no diferirá mucho de ese 3%. Y el 25 de marzo comprobaremos cómo la estrategia de Arenas triunfa. Con topo o sin topo.

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