La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cree que Mercedes Alaya no está en condiciones de "colaborar" con la nueva titular del juzgado y pide a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tenga en cuenta estos extremos. Aunque la Sala de Gobierno no solicita abiertamente que se revoque la comisión de servicio concedida a Alaya, así parece apuntarlo en un rotundo informe remitido al máximo órgano de gobierno de los jueces tras haber analizado las descalificaciones vertidas en sus alegaciones sobre la juez María Núñez Bolaños.

En el dictamen elaborado por el TSJA, la Sala de Gobierno considera que están "totalmente fuera de lugar las alegaciones efectuadas por la señora Alaya Rodríguez" en el apartado 5 del escrito remitido al CGPJ. Esas manifestaciones, prosigue la Sala que preside Lorenzo del Río, "denotan una evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular, aspecto que debiera ser convenientemente valorado", detalla el informe.

Los magistrados de la Sala de Gobierno recuerdan a Alaya que "no debe olvidar que su posición actual es la de colaboradora de la titular del juzgado, a quien compete, en último término, la responsabilidad por el funcionamiento del mismo en su conjunto".

De esta forma, el TSJA informa de que el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, al igual que la distribución de cometidos en una medida de refuerzo y apoyo judicial, "no puede depender de la opinión que la magistrada comisionada pueda tener sobre la competencia profesional, experiencia y formación de la nueva magistrada titular, que ha accedido al cargo tras la resolución de un concurso de plazas judiciales de carácter reglado, sin que resulte lícito, por tanto, cuestionarse su idoneidad e independencia".

El Alto Tribunal andaluz también responde a las críticas de Alaya respecto a que la nueva titular no le dio trámite de audiencia antes de emitir su propuesta de distribución del trabajo, al afirmar que "se ha respetado el procedimiento, previamente establecido por esta Sala de Gobierno, de tomar en consideración las propuestas de todos los implicados en la medida de apoyo judicial que pretende implantarse".

El TSJA considera que la atribución de competencias realizada el pasado 23 de junio -que dejó a Alaya con los ERE y la causa del delito societario de Mercasevilla, y el resto de las macrocausas a la nueva titular- "culmina un proceso lógico de adopción de una medida de apoyo judicial", y en este sentido recuerda que el caso cuenta con 280 tomos y 261 imputados y "queda un arduo trabajo por hacer, en concreto, un significativo número de informes tanto de la Intervención General como de la Guardia Civil, sin olvidar las numerosas declaraciones personales pendientes de efectuar".

De ahí que responda a una "lógica elemental" que Núñez Bolaños conozca de todos los demás asuntos en tramitación, "incluyendo aquellos de singular complejidad, puesto que ése es su cometido en cuanto titular del juzgado".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha evitado pronunciarse en las últimas semanas sobre el reparto del trabajo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, una cuestión que no ha sido incluida en las últimas reuniones y de la que no se sabe si se abordará en la próxima sesión del 28 de julio o se dejará para después de las vacaciones de verano dado el cariz del conflicto.