La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se reúne hoy en Granada para resolver, en otras cuestiones, la difícil papeleta que le han planteado las jueces Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, que siguen enfrentadas en su particular guerra por el control de los grandes sumarios que se investigan en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el juzgado que Alaya dejó para marcharse a la Audiencia y que heredó Bolaños.

Tanto una magistrada como la otra han impugnado el reparto que la Sala de Gobierno aprobó en su reunión del pasado 23 de junio, en la que se decidió entregar a Alaya la investigación del caso de los ERE y del delito societario de Mercasevilla, mientras que a la nueva titular del juzgado se reservó el sumario de los cursos de formación -la causa más llamativa que se instruye actualmente en este órgano- y el de los avales y préstamos concedido por la agencia IDEA.

La juez Alaya envió directamente un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se opone con vehemencia -algunas fuentes consultadas apuntan que el escrito de alegaciones es demoledor en la defensa de sus planteamientos- al reparto aprobado y reclama de nuevo para sí misma la instrucción de las tres macrocausas: ERE, cursos y avales.

Por su parte, la juez Bolaños envió un escrito a la Sala de Gobierno del TSJA en el que mostraba su desacuerdo con el reparto, ya que esta magistrada había planteado la "imposibilidad de decidir" sobre el conocimiento y posible distribución del caso de los ERE porque esta causa estaba pendiente de que la Audiencia de Sevilla resolviera sobre la división en piezas separadas, una cuestión relevante para decidir sobre la organización del trabajo y la "colaboración" entre la juez titular y Alaya, que ha obtenido una de las dos comisiones para reforzar este juzgado durante seis meses.

En su informe, la juez Bolaños ha advertido a los jueces de las posibles nulidades que pueden producirse en torno a la decisión del TSJA de encomendar a Alaya el caso de los ERE, dado que la titular del juzgado es la juez natural predeterminada por la ley para la instrucción del mismo, circunstancia que podría ser esgrimida por alguna de las defensas de los más de 266 imputados en esta macrocausa.

La postura más lógica sería que la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz ratificara su anterior acuerdo y dejara las cosas como están, pero en cualquier caso el enfrentamiento que se está produciendo por el reparto de las macrocausas entre ambas magistradas plantea serias dudas sobre la viabilidad de la "colaboración" que en su día reclamó el tribunal entre la nueva titular y Alaya.