El Tribunal de Cuentas reclama otros 43 millones a Guerrero y Márquez

  • Ambos ex directores generales concedieron ayudas a 47 empresas y seis ayuntamientos El órgano fiscalizador deja exentos de la responsabilidad contable a Griñán y ex consejeros

El Tribunal de Cuentas (TC) ha reclamado otros 43 millones de euros a los ex directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, en relación con las ayudas concedidas a 47 empresas y a seis ayuntamiento de la provincia de Sevilla. En un nuevo acta de liquidación provisional, el TC señala que el "presunto alcance" de estas ayudas asciende a 48,6 millones, con lo que sumado a 64,3 millones que se reclaman por las comisiones, este tribunal ha pedido el reintegro total de 112,9 millones, aunque todavía queda por determinar una tercera fase: la del alcance de las ayudas sociolaborales vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

De los 48,6 millones a que asciende el alcance por las ayudas a 47 empresas y seis ayuntamientos, el Tribunal de Cuentas responsabiliza a Guerrero de algo más de 32 millones de euros, cantidad de la que debe hacer frente de manera solidaria con las empresas que recibieron las ayudas, mientras que a Márquez se le reclaman solidariamente algo más de 11 millones.

Entre las ayudas más destacadas, el TC responsabiliza a Guerrero de las concedidas por importe de 4,8 millones al grupo Pickman; los 4,1 millones a la empresa A Novo Comlink, afincada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga; o los 3,9 concedidos a Promi. También se destacan las ayudas concedidas a los ayuntamientos sevillanos de Los Palacios, San Nicolás del Puerto, Guadalcanal, Camas, Alcolea del Río y Coria del Río.

En el caso de Márquez destacan las ayudas por 1,3 millones a Nature Pack; los 656.997 a la cooperativa Virgen del Espino; los 491.918 euros al Hotel La Posada del Moro o los 446.339 euros a la Faja Pirítica de Huelva.De otro lado, el Tribunal de Cuentas considera "responsables contables" a otras tantas empresas por las ayudas recibidas, como en el caso de Astilleros de Sevilla, por 1,7 millones; a Boliden, por 492.748,54 euros, o a la Sociedad Cooperativa de Familias Agrarias (Scafa), por ayudas de 1,1 millones.

La representación legal de la Junta y del ex parlamentario del PP Antonio Sanz -ahora delegado del Gobierno en Andalucía- mostraron su disconformidad con el contenido de este acta de liquidación. Para los representantes de Sanz el acta es incompleta debido al "obstruccionismo y falta de colaboración de la Junta de Andalucía", destacando que ésta es además la perjudicada por el menoscabo de los fondos públicos. Consideran que la Junta "ha faltado a la verdad al establecer que los componentes para el manejo de los mismos eran los tres directores generales de Trabajo", por cuanto considera que la responsabilidad alcanzaría al consejero de Empleo y en cuanto el compromiso de gasto superara los tres millones de euros "debía ser autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta".

La representación legal del ex parlamentario del PP también alegó que no se había apreciado responsabilidad alguna en la presente liquidación de ninguno de los "centros directivos de la Consejería de Hacienda de la Junta, que al fin y al cabo es la que en todo caso maneja los fondos y tiene la obligación de controlar y fiscalizar su legal destino". En este punto, subraya que hasta en "19 ocasiones la Intervención General de la Junta ha venido informando y desde el año 2001 de las irregularidades cometidas por la Consejería de Empleo, la consejería de Economía, Innovación y Ciencia, y el propio IFA, posteriormente IDEA". Esos informes, prosigue, fueron notificados por la Intervención a los "distintos consejeros de Empleo, a los consejeros de Economía, Innovación y Ciencia, a los órganos rectores del IFA y muy especialmente a la propia Consejería de Hacienda que nunca adoptó medida alguna para evitar el menoscabo y ello sabiendo que esos informes recogen irregularidades contables desde el año 2001".

Por ello concluía que "los mayores responsables de la Junta" son a los que se debe atribuir la responsabilidad contable, "por cuanto no sólo eran competentes sino que eran además sabedores del ilegal manejo de los fondos públicos". Esta nueva liquidación provisional se suma a la que realizó el mismo Tribunal de Cuentas y que concluyó que la Junta había pagado 53,7 millones de euros en sobrecomisiones a las empresas aseguradoras que se hicieron cargo de las pólizas de los ERE, considerando responsable de este menoscabo de fondos públicos a los ex directores generales de Trabajo, no a los consejeros de Empleo ni a los de Economía y Hacienda, en ese tiempo Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán.

En relación a las sobrecomisiones, según el Tribunal, Guerrero es el responsable de una pérdida de 46,2 millones; su sucesor, Márquez, de 14,78 millones, y Daniel Alberto Rivera, de 3,2 millones.

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