Caso de los ERE

El dueño de Uniter recurre la negativa de Alaya a una pensión de 3.000 euros

  • José González Mata, imputado en el caso de los ERE que tiene sus bienes embargados, alega que ha sido privado de de todos sus ingresos.

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El dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, ha recurrido la negativa de la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, a concederle una pensión alimenticia de 3.000 euros al mes que había solicitado o por la cantidad que estimara oportuna la instructora. González Mata, que estuvo mes y medio en prisión por esta causa, pidió la pensión en mayo del 2014 con cargo a sus empresas intervenidas por orden judicial, cuyos administradores le despidieron, y la juez negó la solicitud en diciembre pasado.

Tras esa decisión de la instructora, Mata ha presentado un recurso de apelación, y en el que lamenta que la juez, en su negativa a la pensión, no respeta el derecho a su dignidad, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, el derecho al honor ni tampoco el derecho a la propiedad privada.

En su recurso, el abogado de Mata afirma que tiene todas las cuentas bancarias y propiedades embargadas, por lo que atraviesa una situación de "carencia completa", y recuerda que solo es imputado en un caso de gran repercusión mediática y complejo que tardará un tiempo en concluir. Esa repercusión ha provocado un "descrédito absoluto" de González Mata y de su reputación profesional, lo que le impide conseguir un trabajo, añade el recurso. Alaya, en su negativa, dijo que "no se acredita en modo alguno la situación de necesidad en la que dice encontrarse, sin que tampoco resulte acreditado la imposibilidad de este imputado para ejercer profesión o trabajo con el que se pueda sustentar por sí mismo", lo que rechaza Mata en su recurso.

La juez subraya que dos informes afirman que Mata usa dos viviendas de Cureña, una en su condición de inquilino y la segunda en situación de mero precarista, es decir, sin que la empresa reciba compensación alguna y sin que pague los gastos que ocasionan. El empresario prestó una fianza de 450.000 euros para salir de la cárcel y quedó libre en agosto de 2013 tras pasar un mes y medio en prisión en la rama de investigación centrada en las presuntas sobrecomisiones que cobraban las mediadoras en los ERE.

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