juicio de los ere

Viera defiende la "legalidad" del sistema para otorgar las ayudas

  • El ex consejero de Empleo afirma que la Intervención de la Junta jamás le advirtió que se estuviera infringiendo la ley

José Antonio Viera, en su declaración. José Antonio Viera, en su declaración.

José Antonio Viera, en su declaración. / EFE

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El sistema era "absolutamente legal" y la Intervención General de la Junta "jamás" se dirigió a él diciéndole que había "una situación de ilegalidad". Así defendió este miércoles en el juicio el ex consejero de Empleo José Antonio Viera el convenio marco de 17 de julio de 2001, por el que se concedían las ayudas mediante las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al IFA/IDEA, que actuaba como caja pagadora.

Viera, que respondió a las preguntas del fiscal Anticorrupción y de su defensa, recordando la conflictividad laboral del momento y para la que el entonces presidente de la Junta -en alusión a Manuel Chaves- marcó directrices básicas con las que dar respuesta a esos conflictos. Sobre el conocimiento concreto que el presidente podría tener sobre las ayudas, por ejemplo a Santana Motor, Viera destacó que "el presidente del Gobierno conocía el problema, pero tenía un desconocimiento total de los instrumentos" que se empleaban para su solución.

El ex consejero de Empleo reconoció que en el segundo semestre de 2000, a través del entonces presidente del IFA, Antonio Fernández, conoció que la Intervención había paralizado el pago de unas ayudas por importe de 159 millones de pesetas a los trabajadores de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), y unos meses más tarde "propuso" a su equipo en la Consejería que buscara una "fórmula legal y ágil" para la concesión de las ayudas a los trabajadores de esas empresas en crisis. El objetivo principal de esas ayudas, precisó Viera, era "resolver el drama personal de los trabajadores y de las comarcas" en las que estaban ubicadas dichas empresas.

El resultado fue el convenio marco de 17 de julio de 2001 que, según Viera, cuando lo firmó tenía "la apariencia absoluta de legalidad" al pasar por todos los departamentos correspondientes, por todos los "centros directivos" de la Consejería: técnicos de la dirección general, el director general, el secretario general de área, la secretaría general técnica y el viceconsejero. Viera explicó además que por encima del convenio marco estaba la orden de 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo, una norma que vio por primera vez "en un informe del interventor general".

El fiscal Anticorrupción Manuel Fernández Guerra, que reclama ocho años de prisión y diez de inhabilitación para Viera por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, le preguntó si conocía cómo se fiscalizaban esas ayudas, a lo que Viera contestó que él deducía que si seguían pagándolas a lo largo de los años es porque existía dicha fiscalización, dado que "de la Junta no puede salir un solo euro si no está fiscalizado. Estaba convencido y lo estoy de que tenían que llevar una fiscalización previa".

Viera subrayó que el convenio marco de 2001, aunque no vio ningún informe del gabinete jurídico, era un "instrumento absolutamente legal y válido". "No se me pasa por la cabeza que se tratara de vulnerar la legalidad y el papel de la Intervención", afirtmó Viera, para sentenciar que la Intervención "jamás se dirigió a mí diciendo que había una situación de ilegalidad".

Viera se expresó con especial vehemencia al afirmar que no existe ninguna trama del Gobierno andaluz para cometer un fraude, una idea que ha repetido en varios momentos de su intervención. "No puedo aceptar que se plantee que un consejero esté concertándose para saltar los controles y cometer un fraude. Presumir que un dirigente político llega para eludir los controles de fiscalización y legalidad me parece un sinsentido", aseveró el ex consejero.

El fiscal también interrogó a Viera por si en algún momento había tenído un especial interés en que se concedieran ayudas a determinadas empresas de la Sierra Norte de Sevilla, un aspecto en el que el ex consejero de Empleo recalcó que con ocasión de la ayuda solicitada por Matadero de la Sierra Norte le dio instrucciones al director general de Trabajo Javier Guerrero, después de haber recibido a un grupo de alcaldes de la zona, para "que se ocupara de esta petición" para ver si se podían abordar las ayudas dentro del sistema que tenían. Sobre las ayudas al entramado de los empresarios de la Sierra Norte José María Sayago y José Enrique Rosendo -ya fallecido-, Viera manifestó que su grado de conocimiento es "cero", dado que "jamás se ha reunido" con ninguno de ellos.

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