Zarrías cree que el instructor utiliza la Justicia como instrumento político

  • La defensa dice que los peritos de la IGAE fueron elegidos por el interventor "nombrado por el PP"

Una causa política. La defensa del ex consejero de la Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías ha acusado al instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro de utilizar la Justicia como un instrumento político. En el recurso de apelación presentado ante el Alto Tribunal, el abogado de Zarrías concluye que debatir en sede penal un sistema de ayudas que trata de dar respuesta a "unas situaciones crítica por las que atravesaban miles de familias en Andalucía, supone convertir al sistema de Justicia penal en algo más que un mero instrumento de política criminal; supone convertirlo en un mero instrumento de política".

El letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, que representa al ex consejero, considera el instructor pretender convertir a las leyes aprobadas por el Parlamento andaluz en "prevaricadoras" cuando las leyes son constitucionales o inconstitucionales, pero nunca pueden ser prevaricadoras.

El recurso argumenta que la exposición razonada elevada a la Sala del Supremo pone fin a una instrucción "realmente ineficaz", por cuanto entiende que el instructor "no ha llegado nunca a poner en duda los planteamientos" de la juez Mercedes Alaya, "respetando su rumbo y orientación", al recordar que el instructor calificó en reiteradas ocasiones a la causa de Sevilla como su "causa nodriza". "La exposición razonada nos enfrenta a una visión de totalidad, en la que se pretende someter a juicio penal las decisiones legislativas de la Junta de Andalucía por las que se cebó la partida presupuestaria para ayudar a miles de trabajadores que se habían quedado sin trabajo", en alusión a las manifestaciones realizadas por el ex interventor de la Junta Manuel Gómez en una carta dirigida al presidente del Parlamento y en la que acusó al ex presidente de la Junta José Antonio Griñan de haber "cebado sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

Tampoco cuestionó el magistrado, prosigue la defensa, los planteamientos de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), unos peritos que fueron designados por "una instancia política" y a los que usó como "policía judicial". El recurso destaca que estos peritos fueron elegidos por el interventor general "nombrado pro el PP" y entre los mismos y a pesar de la "enjundia jurídica del tema" hay una licenciada en Químicas y sólo un licenciado en Derecho.

El abogado de Zarrías considera, de otro lado, que cuando el instructor argumento las disfunciones del proceso en una causa con aforados se olvidó de una peculiaridad más acusada: "es público y notorio que los diputados imputados por un delito de prevaricación son impulsados a abandonar el acta tan pronto se solicita el suplicatorio contra ellos" y como el delito de prevaricación conlleva sólo una pena de inhabilitación, esto supone que los diputados cumplen su pena desde su imputación, por lo que "la imputación es su condena", razona. "Por desgracia, cuando la marea de turbación se sosiegue, cuando la tensión política deje de contaminar el debate jurídico y mi mandante se vea exculpado por completo de estas imputaciones infundadas, será ya demasiado tarde" y "nadie se dirigirá a él para reconocer el error cometido en su persona, ni le reparará el daño injusto e irreversible que se le ha causado".

La defensa insiste en que no hay elementos para inculpar a Zarrías por un delito de prevaricación y apela a la "responsabilidad constitucional" del tribunal para que declare, de acuerdo con el Derecho, que "no hay motivos para inculpar a Gaspar Zarrías" por cuanto todo el relato del instructor es una "construcción artificiosa" que gira en torno a las transferencias de financiación por las que se pagaban por el IFA las ayudas bajo sospecha.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios