Eduardo Gonzálvez Montalbán, uno de los seis acusados del caso Saqueo por el desvío de 36 millones de euros (más de 6.000 millones de las antiguas pesetas) del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995, admitió ayer haber ingresado dinero del erario público en la cuenta en el Banco Herrero de otra de las acusadas, Purificación Notario, viuda de José Luis Jiménez, imputado hasta su muerte en 2005.

Pero la propia Purificación Notario negó que hubiera abierto cuenta alguna en dicha entidad bancaria, y rechazó que la firma que aparecía en distintos documentos de apertura fuera suya. Cuando la presidenta de la Sala, Ángela Murillo, pidió que se le mostrara otra rúbrica, la que puso en una de sus declaraciones judiciales, aseguró que tampoco era suya, pero rectificó de forma inmediata por indicación de su abogado.

El abogado defensor de Notario, Francisco Soriano, buscó en el interrogatorio el perfil de mujer con escasos estudios, dedicada a sus hijos y con ninguna información sobre la actividad profesional de su marido. Afortunadamente para su defendida, nadie insistió en un cheque de 40 millones de pesetas que presuntamente lleva su firma. Más allá del protagonismo que lógicamente adquirieron estos dos imputados por sus revelaciones y los otros dos que fueron interrogados ayer, en el caso empiezan a adquirir importancia los dos muertos: José Luis Jiménez y Jesús Gil.

Gonzálvez Montalbán, que cultivó durante el interrogatorio el papel de mandado, de "porteador" de documentos, del "último de la fila", de un discreto contable "sin formación suficiente para cerrar la contabilidad" de Contratas 2000 y otras empresas municipales marbellíes en las que trabajó, declaró que su jefe, José Luis Jiménez, justificó el ingreso de dinero del Ayuntamiento en la cuenta de Notario para "ponerlo a buen recaudo de la Hacienda Pública" y con el objetivo último de "asegurar que se pudieran pagar las nóminas".

Como estrategia de defensa, este contable hizo suyo el papel de un discreto contable "sin formación suficiente para cerrar la contabilidad" de Contratas 2000 y otras empresas municipales marbellíes en las que trabajó, y se escudó en las competencias de un auténtico mandado para eludir responder a las preguntas de la fiscal Belén Pérez, que se estrelló contra un reiterado desconocimiento que, sin embargo, no disipó las dudas sobre su implicación, al menos por omisión, en este caso, aunque incurrió en muy pocas contradicciones. La más destacada se produjo cuando se autodefinió como un número en una oficina "con cuatro mesas y cinco empleados", cuando antes había situado a una de sus compañeras, Fuensanta Muñoz, como "mi auxiliar administrativo".

En un interrogatorio dirigido que mereció que la presidenta de la Sala le llamara la atención, su abogado, Salvador Guerrero, logró subrayar el perfil de mandado de su defendido, quien, a sus preguntas, negó que fuera apoderado, administrador, que tuviera firma, en una secuencia muy lograda que dejó a Gonzálvez Montalbán como un "apuntador contable".

Después de que la presidenta de la Sala le impidiera adentrarse en la situación política de Marbella durante aquellos años, con la corrupción cabalgando a galope tendido, el abogado defensor del contable remató la faena destacando que Gonzálvez Montalbán no se enriqueció: vivía en la misma casa, sus hijos estudiaron en colegios y universidades públicas, la fianza de 250.000 euros salió de familiares y amigos -él puso todos sus ahorros, entre 10.000 y 12.000 euros- y no del círculo de Roca-Gil.

En última instancia, Gonzálvez Montalbán trasladó las responsabilidades contables a Jiménez, uno de los muertos en este caso, y a Manuel Castel, asesor fiscal madrileño contratado en 1992 para el entramado empresarial. Les atribuye sin aseverarlo el cierre de una contabilidad en el que se puso de manifiesto un desfase astronómico entre las cantidades sacadas de las entidades bancarias y las pagasen nóminas y a pequeños proveedores, así como entre los 2.439 millones de pesetas registrados en provisión de cuenta y los 63 millones en tesorería en uno de los ejercicios encausados.

Sin embargo, durante su interrogatorio, Castel rechazó que él llevara la contabilidad de las empresas e insistió en que su actuación era la propia de un asesor fiscal de una decena de empresas municipales (balances de explotación y de situación, y saldos de IVA), que ofrecía "asesoramiento fiscal de cara a la comprobación y la liquidación de impuestos".

El momento cumbre del interrogatorio de la fiscal Belén Suárez a Castel, que se centró en gran parte en una agenda que le fue requisada, se produjo cuando el asesor fiscal identificó lo que podría parecer como referencias explícitas a una supuesta contabilidad A y B como fondos del 'Ayuntamiento' o de 'bancos' o 'balance', respectivamente.

Castel cobraba anualmente entre 250.000 y 300.000 pesetas por cada una de ellas tras un acuerdo verbal con el abogado de Jesús Gil, José Luis Sierra, y trabajaba entre tres y cuatro días al mes en el Club Financiero de Marbella, auténtica Casa Consistorial alternativa en estos años.