Lo que el adelanto se llevó

  • La legalización de viviendas, la reforma de empresas públicas o el debate sobre la renta básica quedan en suspenso por el súbito anticipo.

Al menos medio centenar de compromisos políticos en diferentes fases de tramitación han quedado, de un día para otro, suspendidos sine díe por la decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, de convocar elecciones anticipadas un año antes de agotar la legislatura. Un nuevo gobierno en función de los resultados obtenidos en las urnas el 22 de marzo decidirá si esos compromisos se renuevan o, por el contrario, dormitan en las hemerotecas.

En las memorias de los 1.022 días de legislatura quedará lo siguiente: dos leyes de 28 aprobadas del Acuerdo por Andalucía que aprobaron PSOE e IU en abril de 2012. Una, la ley de transparencia. Otra, una proposición de ley acordada por los grupos parlamentarios contra la discriminación de los transexuales. La protagonista indiscutible en todo Parlamento es la función legislativa y PSOE e IU ponen el acento en que hubo más actividad de la reseñada. El balance final es de 15 leyes, la más destacada, la que perseguía multar y expropiar a los bancos por tener viviendas vacías y que recurrió el Gobierno del PP. El resto apenas tienen relevancia. Si por algo destacará la novena legislatura es por el uso intensivo del decreto ley, hasta en 31 ocasiones. Cuatro proyectos de ley han estado a punto de aprobarse, pero decaerán este miércoles en la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente. Son la ley del deporte, la ley que regula el comercio interior, y dos que llegaron in extremis de la mano de IU: el proyecto de ley de memoria histórica y la ley que persigue informar a los consumidores sobre los fraudes en las contrataciones hipotecarias. Otros once anteproyectos aprobó el Consejo de Gobierno y tanto PSOE como IU los introducen en el balance de gestión, pero quedan por el momento como papel mojado. Son las leyes de mecenazgo; medidas contra el fraude fiscal; servicios sociales; participación ciudadana; formación profesional; movilidad sostenible; juventud; cambio climático; modificación de la LOUA para regularizar viviendas; ente público de crédito y discapacidad. El grupo de trabajo que analizaba la renta básica consumió dos periodos de sesiones y todavía estaba en fase de audiencias. Este derecho que recogió el Estatuto de Andalucía en 2007 tendrá que esperar a otra nueva legislatura.

En el tintero quedan buena parte de los compromisos asumidos por Díaz en su debate de investidura y en el último Debate sobre el estado de la Comunidad. La presidenta redondeó en 25 las promesas en ambas ocasiones y se quedan sin cumplir más de la mitad. Una de las más relevantes fue la constitución de un grupo de trabajo que analizara la dimensión del sector público, con la intención de reducir empresas públicas "superfluas". La promesa fue vaga y, aunque se produjeron reuniones entre PSOE e IU, nunca hubo resultados. Otro tanto pasó con la reforma de la Cámara de Cuentas que Díaz prometió en su investidura "para que se fortalezcan y amplíen las competencias mejorando su capacidad de control, y que tenga la posibilidad de imposición de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan cuentas". El último capítulo de la Cámara de Cuentas fue el pacto entre PSOE y PP para la renovación de cuatro de sus siete miembros por seis años. Hasta 2017 no se renovarán los otros tres miembros y PSOE o PP, o los dos, tendrían que dejar paso a representantes de los nuevos grupos que entrasen en el Parlamento. Los antecedentes auguran que PSOE y PP no tendrán tanta celeridad para abordar la renovación. La reforma del Reglamento de la Cámara no abordó una garantía para la creación de comisiones de investigación y el debe es tan achacable al PSOE como a IU, que cambió de opinión sobre la utilidad de este instrumento tras la frustrada comisión de los ERE. En cambio, entre las medidas de transparencia impulsadas por el presidente del Parlamento, el socialista Manuel Gracia, se incluyó un acuerdo de los tres partidos para restringir la constitución de nuevos grupos parlamentarios a partir de las próximas elecciones. Nunca se reguló la prohibición de donaciones privadas a los partidos que prometió Díaz y la comisión que estudiaría la financiación de los partidos políticos jamás volvió a reunirse. La creación de un "observatorio de tierra que analice la situación de las tierras públicas de Andalucía" fue la alternativa de Díaz a la petición de IU sobre un banco público de tierras. Ni una, ni otra. En el último Debate sobre el estado de la Comunidad la presidenta de la Junta prometió la entrada en funcionamiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos en el primer trimestre de 2015 y una ley del Estatuto de Altos Cargos de la Junta. La ley de transparencia entra en vigor en Andalucía en junio, pero al menos hasta principios de mayo el nuevo Gobierno no podrá proponer al Parlamento el nombre del director del Consejo, que además deberá recibir un apoyo de la mayoría de los diputados que Díaz ha perdido con la ruptura del pacto con IU.

En el alero quedan las cuantiosas convocatorias de subvenciones públicas suspendidas al final del pasado año con el cierre anticipado del ejercicio presupuestario para intentar cumplir con el objetivo de déficit y entre las que se encuentran todas las relacionadas con el Instituto de la Mujer, salvo las vinculadas a la violencia de género. Enfermos de VIH, menores con trastornos, emigrantes, consumidores, artesanos, colectivos de memoria histórica, entre otros, quedan a la espera. La garantía de suministros vitales como la luz y el agua para las familias en riesgo de exclusión (el agua era más asequible, porque una moratoria para pagar la luz tenía que esquivar el recurso que impuso el Gobierno central a las medidas implantadas por Cataluña) queda también en el cajón. La convocatoria de cursos de formación para personas desempleadas, inédita desde 2011, puede convocarse a finales de febrero. Son 80 millones de euros y de su cumplimiento depende la asignación de recursos para políticas activas de empleo el próximo año.

La modificación de la ley urbanística para regularizar 25.000 viviendas en parcelaciones fue motivo de enfrentamiento entre PSOE e IU, que consensuaron un anteproyecto que, finalmente, no verá por ahora la luz. Otro plan estrella del PSOE, pero del ex consejero de Griñán Luis Planas, fue el plan de protección del litoral para regular la actividad urbanística en la costa. En noviembre expiró el plazo de dos años dado por un decreto ley y la nueva consejera lo prorrogó seis meses más. Los ecologistas piensan que Díaz prefiere obviar este plan y fomentar la construcción, sostenible o no. Caen el nuevo plan de vivienda de la Consejería de Fomento que fomentaría el alquiler y la rehabilitación o el decreto que modificaría la regulación sobre la construcción de más campos de golf en la comunidad. Aplazado quedó el penúltimo punto de conflicto entre PSOE e IU: el viaje del vicepresidente Valderas a los campamentos de refugiados de Tinduf. El adelanto electoral se lo llevó.

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