Nueve alcaldes de Huelva imputados por malversación de fondos públicos

  • PSOE y PP aseguran que mantendrán en las listas a sus alcaldables implicados

El juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino (Huelva) imputó ayer a los nueve alcaldes que forman parte de la Mancomunidad de Municipios Andévalo Minero, entre los que se encuentran ocho del PSOE y uno del PP, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, tras la denuncia interpuesta por la empresa malagueña Novasoft Ingeniería el 27 de julio de 2010.

Tras conocer la noticia, tanto los responsables provinciales del PSOE como del PP aseguraron que mantendrán en sus listas de cara a las elecciones municipales del próximo 22 de mayo a todos sus candidatos imputados. Los alcaldes socialistas andevaleños que tendrán que rendir cuentas ante la justicia son el de Alosno, Benito Pérez, Cabezas Rubias, Esteban Naranjo, Calañas, Fernando Recio, Paymogo, José María Infante, La Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, Santa Bárbara de Casa, Gonzala Gómez, Tharsis, Lorenzo Gómez, y La Zarza, Francisco Martín. Excepto el calañés y el alosnero, a los que el partido ya les ha buscado sustituto, el resto volverán a presentarse a las próximas elecciones municipales.

En la larga lista de imputados que ahora llevará el PSOE en sus candidaturas hay que añadir al actual alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, su concejal de Urbanismo, Miguel Novoa, y al ex alcalde de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez.

Juan Manuel Borrero, alcalde de El Cerro de Andévalo, es el único imputado en las filas del PP, y también fue ayer refrendado por su partido. Así, el portavoz provincial del PP, Guillermo García de Longoria, confirmó que "irá en la lista" y añadió que Borrero "está deseando prestar declaración en el juzgado para aclarar las prácticas que se utilizaban en la Mancomunidad. No hay que olvidar que él también ha denunciado a la institución, entre otras cosas, por no convocar plenos en tiempo y forma y otros asuntos".

La juez que instruye el caso de marca en su diligencia los días 4 de octubre y 1 de diciembre próximos como las fechas en que los ediles tendrán que desfilar por sus dependencias. La denuncia fue presentada el 27 de julio de 2010 contra el presidente de la Mancomunidad y los alcaldes de los municipios que la componen y está relacionada con la adjudicación a Novasoft del contrato sobre prestación de servicios de teleasistencia al ciudadano. La adjudicación se realizó por un importe de 468.097 euros en un contrato que se formalizó el 19 de mayo de 2007. La implantación del sistema se llevó a cabo sin mayores complicaciones y la Mancomunidad de Municipios del Andévalo aceptó la finalización de los trabajos con fecha 28 de mayo de 2008.

Los problemas, según subraya la denuncia, surgen en el momento de abonar el importe del contrato, ya que una vez finalizados y aceptados los trabajos realizados no se produjo pago alguno, pese a contar la Mancomunidad con una subvención de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía de 418.823 euros. La empresa Novasoft sospecha que estos fondos han sido desviados a un destino distinto a aquel para el que fueron concedidos y entiende que estas personas podrían haber cometido un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

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