Los alcaldes exigen que la confrontación política no frene la ley de régimen local

  • Piden que la unanimidad local no la rompan los partidos cuando la norma llegue al Parlamento y defienden su debate paralelo a la ley de financiación local · Chaves dice que Andalucía marca la "hoja de ruta"

Los ayuntamientos no pueden aguantar más. La crisis forma colas de parados y de quienes lo están pasando mal a sus puertas. Son la administración más cercana al ciudadano y a la que van primero a pedir ayuda, tengan o no competencia. Y esto lo quieren cambiar ya. Quieren que lo que asumen sin ser suyo lo sea ahora de pleno derecho y tener más recursos para sobrellevar esa carga, corrigiendo así la situación de asfixia económica que padecen. La Ley de Régimen Local y la Ley reguladora de la participación en los tributos de la comunidad autónoma, las vías para conseguir ese objetivo de la segunda descentralización, están a las puertas del Parlamento. De ahí que ayer los alcaldes hicieran un frente común y exigieran a los partidos que aparquen sus diferencias y que la misma sintonía que existe entre ellos tenga su reflejo inmediato en la Cámara.

Ésta fue la principal conclusión de la mesa redonda en la que se sentaron alcaldes de PSOE, PP, IU y PA convocados por la Consejería de Gobernación en el marco de las jornadas sobre el Estatuto y la Ley de Régimen Local. El encargado de trasladar ese mensaje fue el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano. "Pido a los alcaldes que presionemos a los partidos y a sus direcciones para que ese entendimiento que hay entre nosotros, cuando las dos leyes lleguen al Parlamento -se prevé para mediados de 2009-, sea un respaldo unánime", afirmó. Una postura que reforzó la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), reclamando el abandono de la "confrontación" ante un "pacto local por la segunda descentralización".

Pero esta sintonía de regidores no es sólo de palabra, también está sobre el papel. La FAMP cerró el pasado mes de noviembre el documento base para la negociación con la Junta de las dos nuevas normas, que exigen que se desarrollen en paralelo. Un documento extenso en el que aparte de poner coto al "excesivo intervencionismo" del Estado, se detallan las competencias que los consistorios quieren gestionar. De lograr que los partidos "arrimen el hombro", los ayuntamientos harían realidad su pretensión de asumir tareas ahora en manos de Junta y Gobierno que muchas veces suplen hasta "hacer más de lo que deben y deber lo que hacen", como bien resumió Toscano, parafraseando a su homólogo a nivel nacional, Pedro Castro.

Este documento, además de redefinir competencias propias y la organización territorial, también refuerza a los ayuntamientos para que no sean vistos como una administración residual o de segunda categoría frente las comunidades autónomas y Estado, reconociendo así su poder político y normativo. En este sentido, recogen en el texto base una cláusula de garantía de su autonomía y competencias para que no choquen con leyes sectoriales.

Es precisamente el Estatuto de autonomía, que acaba de cumplir su segundo aniversario, la puerta a esa segunda descentralización que persiguen los alcaldes y que el Gobierno autonómico dice compartir. El presidente andaluz, Manuel Chaves, en el discurso inaugural de estas jornadas dejó claro su compromiso municipalista, que pasa por abrir un proceso constituyente para una mayor autonomía local que verá la luz vía legislativa, marcando así Andalucía una "hoja de ruta" a nivel estatal, ya que será pionera en esta materia.

Frente a la receptividad del Ejecutivo autonómico estuvieron los planteamientos del Gobierno central, defendidos por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa, cuya reflexión sobre un necesario control del Estado para la transparencia municipal, en especial, el régimen de incompatibilidades o medidas contra la corrupción urbanística, inquietaron si no molestaron los alcaldes asistentes, que vieron de nuevo la amenaza de la "tutela estatal".

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