El Estado alegará contra el 'peaje' que quiere imponer La Línea a Gibraltar

  • El PSOE dice que la iniciativa del gobierno local del PP vulnera la Ley de Haciendas Locales · Denuncia que el Ayuntamiento quiso "invadir" la carretera nacional con las obras a la salida de la Aduana

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Lejos de perder fuerza, el pulso entre el Estado y el Ayuntamiento de La Línea, gobernado por el Partido Popular, se tensa aún más. A la firme posición del grupo de gobierno local, presidido por Alejandro Sánchez, en su pretensión de cobrar un peaje a los vehículos a su paso por el municipio camino de Gibraltar, la Abogacía General del Estado reaccionará presentando las correspondientes alegaciones al proyecto, una vez que se apruebe en el pleno de la Corporación la llamada tasa de congestión. El enfrentamiento legal entre ambas instituciones está, pues, asegurado, una vez que los leves intentos -por ahora- del Ministerio de Fomento por parar las obras de acondicionamiento del carril en el que se ejecutaría ese peaje resultaron infructuosos.

Los operarios enviados por el ministerio a La Línea, en previsión de que los trabajos del Ayuntamiento pudieran estar afectando a vías de titularidad estatal, fueron despachados con una negativa. Las obras municipales, vigiladas además por miembros de la Policía Local, prosiguieron. El equipo de gobierno dirigido por Sánchez insiste en que se trata de territorio municipal.

La acción legal que emprenderá la Administración central fue confirmada ayer por el diputado socialista Salvador de la Encina, quien aseguró que ya existe un informe jurídico del Abogado del Estado en ese sentido. "Esa aprobación será impugnada en el periodo de alegaciones porque hay argumentos de peso para ello. Implantar esa tasa vulnera, entre otras, la Ley de Haciendas Locales, ya que los municipios no pueden cobrar nada que atente contra la libertad de movimientos de las personas y las mercancías, y mucho menos, tal y como ha dicho públicamente el alcalde, Alejandro Sánchez, porque al Ayuntamiento le hace falta el dinero", puntualizó el parlamentario, quien agregó que la tasa "también atentaría contra la normativa comunitaria".

Por otro lado, el político campogibraltareño criticó que el Consistorio linense haya iniciado las obras a la salida de la Aduana "antes de completar todo el proceso administrativo. Ha empezado por el final, haciendo las cosas mal con la única intención de desviar la atención. Creo que el alcalde, con los problemas tan graves que tiene entre manos, debería dejarse de barbaridades y trabajar para abonar las nóminas de sus trabajadores", expuso.

De otra parte, lamentó la actitud mostrada por el primer edil hacia los operarios del Ministerio de Fomento que acudieron el martes al lugar en el que el Ayuntamiento está ejecutando las obras de la tasa: "Fue una falta de respeto el modo en que se refirió a ellos en rueda de prensa. Estos trabajadores acudieron enviados por el jefe de Carreteras, que por cierto ni estaba ni está de vacaciones, porque la noticia que tenía Fomento es que el Ayuntamiento iba a invadir la carretera nacional".

Añadió que los operarios "fueron enviados para que eso no ocurriera. Finalmente y tras una conversación entre el comisario del Cuerpo Nacional de Policía y el alcalde, el Ayuntamiento desistió. En ningún caso estamos ante una confrontación política sino ante la necesidad de hacer cumplir la ley e impedir un atropello de la Administración local", manifestó rotundo.

Por último, Salvador de la Encina recordó que, "en el caso de que el Consistorio usurpe la carretera nacional, el Estado tiene procedimientos inmediatos que pueden ejecutarse en 24 horas y que restablecerían las cosas".

La intención municipal es que la tasa de congestión, que rondará los cinco euros para los turismos y será superior para los camiones y autocares, empiece a aplicarse el próximo mes de octubre. Un portavoz del Foreign Office declaró que lo que más precocupa a Londres y Gibraltar es la normalización del tráfico y destacó que es "competencia" del Gobierno español solucionar este problema, salvaguardando y garantizando la libre circulación de las personas.

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