Una carta anónima recibida en la Subdelegación del Gobierno en Huelva el pasado mes de marzo desencadenó la investigación judicial que ha vuelto a poner contra las cuerdas a la Oficina de Extranjería de Huelva por segunda vez en los últimos cuatro años.

La misiva manuscrita de la que arrancó la investigación de la Guardia Civil bautizada como operación Costas, que saltó a la luz pública en julio y se ha saldado hasta el momento con nueve personas imputadas por sendos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, pone sobre la pista de personas y empresas supuestamente implicadas en una trama de venta de papeles a inmigrantes.

"Este hombre (un empresario de Moguer) lleva mucho tiempo trapicheando con extranjeros... Pronto van a hacerles muchos contratos a las muchachas de las fresas", afirma el anónimo, que salpica además a un médico que trabaja en un centro de salud de la provincia por realizar certificados para el empresario a cambio de 1.500 euros.

El grupo de Información de la Guardia Civil, en una investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, esboza en un informe que forma parte de las actuaciones las piezas del puzle de esta supuesta red. Según consta en el sumario, cuyo secreto ha levantado la autoridad judicial, un vecino de Huelva, J.F.M. y un individuo de origen marroquí, K.R. supuestamente se valieron de una empresa de frutas como tapadera para obtener contratos -falsos en muchos casos, según señala el informe- para la regularización de extranjeros en España, a cambio de dinero. Estos dos hombres serían, presuntamente, las personas encargadas de buscar ciudadanos de origen magrebí que quisieran permiso de residencia y trabajo. Después solicitaban a los inmigrantes 9.000 euros para gestionar el contrato, utilizando a empresarios de la zona de la Costa. El coste de estos trámites para los inmigrantes sale precisamente de la denuncia que un ciudadano marroquí, que aseguró haber contactado con estos dos imputados para legalizar su situación en España, realizando un contrato de trabajo con una empresa pesquera de Punta Umbría (donde se llevaron a cabo la mayor parte de las dentenciones) a la que en 2009 abonó los 9.000 euros. Además de esa cantidad, el inmigrante mantiene que todos los meses abonaba además 255 en mano a uno de los supuestos intermediarios de esta red.

Un segundo ciudadano extranjero, que ha prestado también declaración en la causa, afirma que paga igualmente 255 euros mensuales, asumiendo el pago que el empresario pesquero tiene que hacer a la Seguridad Social por su contrato. En ambos casos, hay una gestoría de la localidad costera supuestamente implicada, y las dos presuntas víctimas sitúan a los imputados en la trama que continúa bajo investigación.