La juez archiva la denuncia por el robo de documentos al hijo de Chaves

  • El sobreseimiento fue solicitado por la Fiscalía, que dejó abierta la posibilidad a que se investigue, en otro procedimiento, los negocios de Iván Chaves relacionados con los documentos sustraídos.

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El juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha archivado la denuncia que presentó Iván Chaves, hijo del ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, en relación con el robo de nueve contratos privados y dos agendas de su oficina. Fuentes judiciales han confirmado que la juez ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento de la causa al no haberse podido averiguar el autor del robo denunciado, un archivo que se produce después de que la Fiscalía así lo solicitara hace unos días.

El Ministerio Público sostuvo en un escrito remitido al juzgado que no había indicios razonables para atribuir al periodista Melchor Miralles, que en su día publicó informaciones relacionadas con los documentos sustraídos, la comisión de ningún delito.

La Fiscalía señaló, no obstante, que esta petición de sobreseimiento provisional se producía "sin perjuicio que de aparecer nuevos datos relativos a la información publicada y de lo que resuelto en relación con las investigaciones que pudieran llevarse a cabo, se revelara la presunta comisión de ilícito penal alguno y procediera la incoación de diligencias independientes del presente procedimiento".

Con esta expresión, el Ministerio Público dejaba abierta la posibilidad de investigar los negocios de Iván Chaves mencionados en las informaciones publicadas y que la propia Policía apuntó en su atestado que podrían ser sospechosos. El escrito de la Fiscalía señala a este respecto que "el atestado concluye que las noticias de prensa podrían poner de manifiesto una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias en la que se verían implicados el denunciante y terceras personas; que las publicaciones no fueron autorizadas pudiendo suponer un delito de revelación de secretos, y deja abierta la posibilidad de que Melchor Miralles haya participado en la comisión de un delito contra la propiedad al poder haber intervenido en la sustracción de la documentación".

La denuncia por el robo de los documentos fue presentada por Iván Chaves el 8 de marzo de 2011 y en la misma relataba que el periodista se había puestos en contacto con él, mediante dos llamadas telefónicas los días 2 y 4 de marzo, solicitándole una reunión para hablar sobre la documentación. El hijo de Chaves mantuvo que "en ningún momento se ha sentido ni amenazado ni coaccionado" por Melchor Miralles, quien llegó a asegurar en su declaración como imputado que contactó con Iván Chaves para comentarle que contaba con esa documentación, pero negó haber sustraído nada y añadió que estuvo seis meses contrastando la información antes de publicar las noticias.

Uno de los testigos que trabajaba con Iván Chaves declaró que creía que el hijo del ex vicepresidente del Gobierno "tenía la documentación original y que lo que habría sucedido es que alguien la habría fotocopiado", lo que llevó a los policías "a plantear que la denuncia tendría por objeto invalidar la información publicada", explica la Fiscalía.

El Ministerio Público afirma en su escrito que de las gestiones policiales y de las declaraciones obrantes en autos "no puede sino desprenderse la realidad objetiva de una serie de contratos entre el denunciante y terceras personas cuyo contenido exacto se desconoce (y en todo caso no es objeto del presente expediente); no se advierte de lo actuado que la denuncia no obedezca a la realidad y que por lo tanto hayan desaparecido los contratos y agendas relacionadas por el señor Chaves".

Dice la fiscal que se desconoce igualmente "cómo llegó a manos del periodista" la documentación, sin que conste su participación en la sustracción, "resultando igualmente revelador el hecho de que fuera el propio denunciante quien haya manifestado que no sospecha de nadie y que en ningún momento se sintió coaccionado ni amenazado por el señor Miralles", lo que llevó a la Fiscalía a considerar que no hay indicios razonables para atribuir al periodista la comisión del delito denunciado y a solicitar el archivo provisional que ahora ha acordado la juez Pilar Llorente.

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