El juez lleva al banquillo a 15 implicados por presunta corrupción en Alhendín

  • El ex alcalde del PP, tres concejales, una decena de empresarios y un técnico son acusados de delitos urbanísticos "groseros"

"Ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa" o de "carácter incontrovertible y grosero". Éstos son algunos de los adjetivos judiciales a los supuestos delictivos que el juez de Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Torres, dedica a lo sucedido con el urbanismo del municipio granadino de Alhendín durante los últimos años, cuando aún gobernaba José Guerrero bajo las siglas del PP.

El juez ha dictado auto de precedimiento abreviado de unos de los casos más sonados de presunta corrupción urbanística en la provincia de Granada, denominado caso Marchelo. Este procedimiento que significa el final de la fase de instrucción, fija los acusados y los presuntos delitos que se les vinculan. Se sentarán en el banquillo el ex alcalde de Alhendín, José Guerrero, el que fuera su concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, dos concejales más -Salvador Nogueras, de Obras Públicas; y María José Garrido, de Cultura y Educación- y el arquitecto municipal José Manuel Zambrano.

Además, una decena de empresarios también están imputados en la causa: Juan Leocadio Muñoz -marido de la comunicadora Ana Rosa Quintana-, Fernando Muñoz, el padre de ambos, Fernando Muñoz Noguera, Fernando Rafael Rodríguez-Acosta Márquez, Luis Alonso Polo, Rafael Francisco Alonso Polo, Mariano Alonso Polo, Alejandro Alonso Ramírez, Manuel Melguizo y Rafael Tallón.

La investigación judicial ha conllevado horas y horas de grabaciones -especialmente, del teléfono móvil del que fuera concejal de Urbanismo, Manuel Fernández- que recorren los casi cincuenta folios en los que el juez transforma la instrucción en procedimiento abreviado. El caso aglutina presuntos delitos urbanísticos, cohechos y, derivados de aquéllos, una invasión de la servidumbre aeronáutica de la base aérea de Armilla que ordenó paralizar una promoción de la empresa Frai, investigada en el sumario. El juez estudia si tanto el concejal de Urbanismo como el alcalde exigían cobrar, en metálico o en especie, comisiones de alrededor del 1,5% por cada obra realizada en la localidad.

A lo largo del extenso auto, el juez desgrana los cinco casos que motivaron las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y la detención de parte del anterior equipo de gobierno. En el caso de una parque y un mercadillo, según el instructor, el que fuera concejal de Urbanismo "concertó con Fernando y Juan Leocadio Muñoz" el concurso en el que se adjudicarían las obras a las que presentaba la empresa de ambos, Tarje. Se deduce de las conversaciones telefónicas que se "quebrantó el principio de libre concurrencia" y que, además, se "recortó el presupuesto de la obra un 5%" con la finalidad de "hacerlo menos apetecible y desincentivar" que otras empresas se presentasen al concurso. Uno de los casos que más folios ocupa en el auto del juez Torres es el del polígono Marchalhendín. En él, relata todos los movimientos que conllevaron que los empresarios que promovían el polígono ofrecieran a Fernández el 1,5% del suelo para que "intermediase en la operación", que se concretó en 28.000 metros cuadrados. Tras una "compraventa simulada", el compromiso se plasmó en un "contrato privado", según admitió el propio Fernández.

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